El consejero Juan Alfonso Ruiz Molina rechaza pactos unilaterales y exige un modelo multilateral que garantice servicios públicos equivalentes en todo el territorio.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha fijado una posición firme ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reclamando un sistema de financiación autonómica basado en la igualdad irrenunciable entre todos los ciudadanos. Durante el encuentro celebrado en Madrid, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, subrayó que el nuevo modelo debe asegurar que todas las comunidades autónomas dispongan de los recursos necesarios para ofrecer servicios esenciales en condiciones de equidad.
Acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, el consejero participó en el primer pleno presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España. En este escenario, Ruiz Molina respaldó la postura del presidente García-Page, enfatizando que el acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales debe mantener los mismos estándares de calidad, sin que la ubicación geográfica o la capacidad económica del territorio supongan un obstáculo para la ciudadanía.
La administración regional ha manifestado un rechazo absoluto hacia las negociaciones de carácter unilateral. En particular, el titular de Hacienda criticó las recientes manifestaciones de la consejería catalana que daban por hecho un acuerdo inminente. Para el Ejecutivo castellano-manchego, la reforma debe abordarse desde el consenso y la negociación multilateral, evitando que procesos bilaterales se conviertan en meros actos de formalidad que generen incertidumbre sobre la equidad del sistema.
Uno de los puntos de mayor fricción reside en el principio de ordinalidad, al cual Castilla-La Mancha se opone drásticamente. Según Ruiz Molina, aceptar este criterio implicaría otorgar privilegios a los territorios con mayor capacidad económica bajo la premisa de que quien más tiene más debe recibir, una lógica que el consejero considera contraria al interés general y a la cohesión del Estado.
Finalmente, el pleno abordó los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años, con el foco puesto en el ejercicio de 2027. El consejero destacó que de estos objetivos depende el margen de maniobra para los presupuestos venideros y reclamó al Partido Popular que permita la tramitación de las cuentas estatales. Asimismo, defendió que un sistema de financiación suficiente reduciría la dependencia de los márgenes de déficit para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales.
