El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la necesidad de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice los recursos suficientes para que todas las comunidades autónomas puedan prestar los servicios públicos que tienen encomendados, especialmente la Sanidad y la Educación, y que lo haga bajo un principio básico en el que “todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios públicos y con la misma calidad”.
Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su participación en la mesa de debate ´Crisis de financiación. La brecha insostenible´, junto a sus homólogos de Hacienda de Cantabria y Castilla y León; en el marco del II Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías que se ha celebrado este viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
Ruiz Molina ha subrayado que existe un problema de suficiencia financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a unas competencias cuyo gasto es profundamente inelástico, especialmente en el ámbito sanitario, al tiempo que ha considerado necesario que los recursos adicionales que pueda aportar el Estado se distribuyan de una manera “justa y objetiva”.
En este sentido, ha defendido que el futuro modelo debe establecer adecuadamente el concepto de población ajustada, teniendo en cuenta las variables que determinan el “coste real de prestar los servicios públicos” y, particularmente, de la Sanidad, como la población protegida, la edad, la superficie o la densidad de población.
Y ha concretado que “no cuesta igual prestar el mismo servicio sanitario en Fuenlabrada que en la provincia de Cuenca, con una población mucho más dispersa y un territorio mucho más extenso”, insistiendo que estos criterios deben ser acordados y aplicados de forma objetiva. Ante lo cual, el consejero ha considerado que el cálculo de la población ajustada debe quedar en manos de un órgano técnico e independiente, que permita determinar objetivamente cuál es el coste efectivo de prestar los servicios públicos fundamentales. Asuntos, que como ha recalcado serán defendidos en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, y al que acudirá manteniendo la postura “clara desde el inicio”, que es de rechazo.
Rechazo a cualquier modelo que genere ciudadanos de primera y de segunda
Un rechazo, ha recordado, al modelo de financiación planteado por el Ministerio, al considerar que “perjudica algo que para el Ejecutivo autonómico es fundamental, como es garantizar el principio de igualdad”, de tal manera, que los ciudadanos con “independencia de su capacidad económica, o del lugar en el que residan, deben tener un mismo acceso y nivel de calidad a los servicios públicos fundamentales” que se ha “consensuado con un único territorio”.
En este sentido, ha cuestionado que la financiación autonómica pueda convertirse en moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios y ha defendido que la reforma del sistema debe abordarse como una cuestión de Estado, al margen de la confrontación política y de acuerdos bilaterales que puedan generar diferencias entre territorios, “nunca vamos a estar todos de acuerdo en todo, pero si sacamos la financiación del debate regional y la afrontamos como un debate de Estado, en el que estoy seguro de que todos tendremos que ceder algo, ganará el sistema”, ha señalado.
A su vez, Ruiz Molina ha considerado que cuestiones como la igualdad en el acceso a los servicios públicos, la coordinación del Sistema Nacional de Salud o determinados elementos de armonización fiscal deben formar parte de acuerdos amplios y estables. Y ha reivindicado también el papel coordinador del Estado en materia sanitaria, ya que, aunque la gestión corresponde a las comunidades autónomas, “tenemos que hablar de un verdadero Sistema Nacional de Salud y no de 17 sistemas nacionales de salud diferentes”.
Preocupación por la sostenibilidad del gasto sanitario
En este mismo contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, también ha mostrado su preocupación por la evolución del gasto sanitario durante los próximos años y ha reconocido que, desde el punto de vista financiero, es “pesimista” si no se producen cambios. Explicando que en Castilla-La Mancha, la Sanidad representa cerca de la mitad de todo el gasto ejecutado por la Comunidad Autónoma, lo que evidencia el peso que tiene esta competencia sobre las cuentas regionales.
Además, ha advertido de que la evolución del gasto de personal, que viene a ser del 50%; el incremento del gasto farmacéutico, cuyo peso es del 30% respecto al gasto total en Sanidad que es del 4,9%; la incorporación de nuevos tratamientos y la ampliación de prestaciones, entre otros factores, ejercen una presión creciente sobre los presupuestos autonómicos, mientras que las comunidades deben seguir cumpliendo las reglas fiscales.
Por ello, ha planteado la necesidad de revisar el tratamiento del gasto sanitario dentro de las reglas fiscales, de manera que la sostenibilidad de un servicio público esencial no quede condicionada por unas reglas que no tienen en cuenta suficientemente su evolución y ha añadido que si existe un consenso en que la salud es una prioridad, eso también debe tener una traducción en nuestras reglas de gasto.
En este punto, Ruiz Molina ha señalado, que esta situación obliga también a abrir un debate sobre cómo se financian los servicios públicos y sobre la necesidad de que la ciudadanía sea consciente de que tienen un coste y que su sostenibilidad requiere recursos suficientes.
Y ha defendido que, si el coste de la Sanidad continúa creciendo, “habrá que replantearse cómo pagamos los impuestos los ciudadanos”, porque, ha advertido, no se puede defender al mismo tiempo una reducción permanente de los ingresos públicos y pretender mantener o incrementar unas prestaciones sanitarias cada vez más costosas.
