La diputada Itziar Asenjo reclama en las Cortes regionales complementar con fondos propios las ayudas para fertilizantes y activar salvaguardias rápidas en 21 días
El Partido Popular de Castilla-La Mancha (PP-CLM) ha defendido en el Pleno de las Cortes regionales una batería de medidas para incrementar la presencia de los productos agroalimentarios de la región en la contratación pública y garantizar que los agricultores y ganaderos locales compitan en condiciones de reciprocidad frente a terceros países. La diputada regional Itziar Asenjo ha liderado esta propuesta, señalando la necesidad de aprovechar la capacidad de compra de la Administración autonómica en comedores escolares, hospitales, residencias y centros sociales.
Para lograrlo, Asenjo ha planteado incorporar en los pliegos de contratación criterios objetivos como la calidad, frescura, estacionalidad, trazabilidad, sostenibilidad y condiciones de entrega, además de dividir los contratos en lotes para facilitar la participación de cooperativas, pymes y pequeños operadores. La parlamentaria ha recordado que ya existe un precedente en los comedores escolares a través del Real Decreto 315/2025, que introduce alimentos frescos y de temporada, y ha propuesto estudiar la extensión de este modelo a otros servicios de restauración dependientes de la Junta de Comunidades.
El segundo gran eje de la iniciativa se centra en la reciprocidad. El PP-CLM exige la aplicación de las denominadas ‘cláusulas espejo’ para evitar que los productores locales compitan en desventaja frente a importaciones que no están sometidas a los mismos estándares sanitarios, fitosanitarias, medioambientales y de bienestar animal. Asimismo, Asenjo ha urgido a utilizar de forma ágil las salvaguardias agrícolas de la Unión Europea, que permiten aplicar medidas provisionales en un plazo de 21 días en casos urgentes y concluir las investigaciones en un máximo de cuatro meses.
Por último, la formación ha reclamado al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha que complemente con fondos propios las ayudas procedentes de la reserva agrícola destinadas a paliar el encarecimiento de los costes de producción, especialmente en lo relativo a fertilizantes y carburantes. Según ha subrayado la diputada, la defensa de la rentabilidad del campo exige actuar de forma directa sobre los costes diarios que soportan las explotaciones de la región.
