La formación critica que la ayuda de 20 céntimos por litro no cubre el sobrecoste real y traslada la responsabilidad financiera a las comunidades autónomas
El grupo parlamentario de VOX ha arremetido contra el nuevo real decreto-ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, calificando las medidas de apoyo al sector primario como una «compensación limitada» que ignora la escalada real de los costes de producción. Según la formación, el Ejecutivo de PSOE y SUMAR ha presentado como una ayuda directa lo que, en la práctica, constituye un tope máximo condicionado a la evolución de los precios del mercado.
El decreto establece una ayuda de hasta 20 céntimos por litro de gasóleo agrario. Sin embargo, el análisis de VOX apunta a que esta cifra es insuficiente frente al incremento de los costes. Basándose en datos oficiales del Ministerio, el precio del gasóleo agrario sin impuestos ha pasado de 0,734 euros a 1,196 euros por litro, lo que supone un sobrecoste de 46,2 céntimos. Bajo este escenario, la ayuda gubernamental apenas cubriría el 43 % del encarecimiento real, lejos del 70 % que el Ejecutivo promete compensar como máximo.
Ricardo Chamorro, portavoz de VOX en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha señalado que «los 20 céntimos no son una bonificación garantizada, sino un máximo condicionado». Además, la formación critica que el cálculo de la ayuda se base en las adquisiciones de 2025 y no en el consumo efectivo de 2026, lo que podría dejar fuera de la compensación parte del combustible utilizado en la campaña actual.
Acusaciones de estrategia política
Más allá de la cuantía, VOX ha denunciado una «estrategia perfectamente calculada» por parte del Ministerio de Agricultura para desviar la responsabilidad hacia las comunidades autónomas. Según el partido, el Gobierno central distribuye fondos procedentes de Europa y presiona a los gobiernos autonómicos para que aporten recursos adicionales, intentando así eludir su propia responsabilidad presupuestaria.
Chamorro ha instado al Ministerio a «abandonar esta operación de ingeniería política» y a destinar recursos estatales propios para garantizar una compensación efectiva que permita a los agricultores y ganaderos afrontar la factura real de sus explotaciones.
