La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha recibido hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial acordada será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.
No obstante, en la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, CSIF ha reclamado al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.
El Acuerdo firmado en noviembre de 2025 por CSIF y los sindicatos de clase con el Gobierno central (los sindicatos sectoriales no pueden llevar a cabo acuerdos nacionales al carecer de representación) contempla una subida acumulada del 9 por ciento para 2027 (2,5% en 2025, 2% en 2026 y 4,5% en 2027) y concluirá con el 11,4 por ciento en 2028.
Asimismo, CSIF exigió también que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.
SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD
Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.
La Administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en Castilla-La Mancha alcanza el 37,7%). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.
Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:
- Supresión de la tasa de reposición.
- Mejora del mutualismo administrativo.
- Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).
- Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
- Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
- Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
- Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
- Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
- Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
- Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.
