El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para la creación de la Oficina del Defensor/a de las Víctimas de Accidentes de Transporte, una estructura institucional diseñada para integrar las lecciones de siniestros recientes y anteriores en todos los modos de transporte. El nuevo organismo contará con rango de Dirección General y prestará apoyo técnico a través de una Secretaría General, una Subdirección General de Atención a las Víctimas y un Gabinete Técnico con rango de subdirección general. El nombramiento del Defensor o Defensora recaerá en un Real Decreto del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
El ámbito de actuación de la oficina abarcará los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal, lo que incluye ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús. No obstante, la norma prevé que la labor pueda extenderse a los servicios autonómicos y locales mediante la suscripción de acuerdos de cooperación con las administraciones competentes en cada territorio. Asimismo, el texto define a la víctima de forma amplia, abarcando no solo a quienes fallezcan, desaparezcan o resulten heridos, sino también a los afectados por daños psicológicos, sus familiares, allegados y personas dependientes en la medida en que el suceso les afecte de manera directa.
Las funciones del organismo se estructuran en diez bloques orientados a garantizar una interlocución de referencia ante las administraciones y entidades implicadas, ofreciendo atención a medio y largo plazo más allá del desmontaje de los dispositivos de emergencia. Entre sus cometidos figuran el establecimiento de un marco común para una respuesta coordinada, el asesoramiento sobre derechos y ayudas, la facilitación de apoyo emocional y terapéutico, y la colaboración con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT) sin menoscabo de su independencia.
Para asegurar la participación social, las asociaciones de víctimas integrarán un grupo de trabajo permanente con una función activa y consultiva. La oficina, que no sustituirá a los órganos judiciales ni competenciales existentes, desarrollará sus funciones mediante instrumentos de cooperación y elaborará informes sobre la atención prestada y las reclamaciones recibidas, además de impulsar un código de buenas prácticas con los medios de comunicación.
