La Dirección General de Calidad Ambiental notifica la resolución que archiva los dos procedimientos necesarios para el proyecto de Bravoita S.L., cumpliendo el compromiso del Gobierno regional de respetar el consenso social.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha cerrado de forma definitiva la posibilidad de instalar la primera planta de biometano en Socuéllamos después de que el Pleno de la corporación municipal rechazara el proyecto, una decisión que cumple el compromiso adquirido por el Gobierno regional de no permitir que este tipo de instalaciones salgan adelante sin el consenso social y municipal. Blanca Fernández, delegada de la Junta en Ciudad Real, ha valorado que el Ejecutivo autonómico haya cumplido su palabra y haya dado respuesta a la preocupación de los vecinos, destacando que la voluntad fue siempre garantizar que los municipios tengan capacidad de decisión sobre la implantación de estas instalaciones en sus términos.
En el apartado administrativo, la Dirección General de Calidad Ambiental ha notificado hoy al Ayuntamiento de Socuéllamos la resolución que pone fin a los dos procedimientos necesarios para tramitar el proyecto promovido por la empresa Bravoita S.L.. Por una parte, se declara finalizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental como consecuencia del acuerdo desfavorable adoptado por el Pleno municipal, cuyo pronunciamiento es vinculante. Por otra, también se da por finalizado y archivado el expediente de autorización ambiental integrada, ya que este trámite no puede resolverse sin la correspondiente declaración de impacto ambiental.
Esta resolución se enmarca en la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para garantizar que los proyectos de estas características cuenten con el respaldo expreso de los municipios donde pretenden instalarse. De manera que, a partir de dicha modificación legislativa, todo proyecto que se encontrase en tramitación y sometido a evaluación ambiental necesita del acuerdo expreso y favorable por parte de la corporación municipal. En aplicación de esta normativa, la Dirección General de Calidad Ambiental ya informó el pasado mes de julio a todos los ayuntamientos de la región de que los proyectos que no dispongan de un pronunciamiento municipal favorable de dicha comunicación en el plazo de un año, tampoco podrán seguir adelante.
