CSIF reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha mejoras salariales propias tras lograr el incremento del 4,5% para los empleados públicos en 2027

El Consejo de Ministros aprobará hoy la subida salarial de 2027 para los empleados públicos, como se acordó con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el Acuerdo Marco firmado en noviembre de 2025.

A partir del 1 de enero de 2027, las retribuciones de los trabajadores públicos subirán un 4,5%, un porcentaje al que se añadirá un 0,5% vinculado al IPC que se abonará en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2026. Esta subida se certifica, tal y como reclamaba CSIF, antes de las elecciones para evitar que se produzcan retrasos en las nóminas y teniendo en cuenta además el alza en los precios que se está produciendo a final de año.

Esta subida beneficia a los más de 140.000 empleados públicos de la región. El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, explica que “gracias al acuerdo que firmamos con el Ministerio de Hacienda los salarios públicos suben un 9% en apenas 13 meses y se contempla una subida del 11,4% hasta 2028. A pesar de la situación de parálisis e incertidumbre política y la falta de Presupuestos Generales del Estado, CSIF ha logrado poner fin al bloqueo salarial”.

Este incremento es de obligado cumplimiento en todas las administraciones. Por ello, CSIF considera que su aplicación no puede presentarse como una mejora voluntaria ni como un gesto de compromiso del Gobierno regional, sino como la ejecución de una obligación acordada en el ámbito nacional.

Sin embargo, CSIF lamenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha no esté planteando ninguna subida adicional para los empleados públicos de la región más allá de aplicar los incrementos establecidos a nivel estatal. Una decisión especialmente preocupante si tenemos en cuenta que Castilla-La Mancha ha sido durante muchos meses una de las comunidades autónomas con mayor incremento del IPC de toda España, lo que ha provocado una importante pérdida de poder adquisitivo para sus trabajadores públicos.

“Si no fuera por el acuerdo firmado a nivel nacional, los trabajadores públicos de la región no tendrían ninguna subida. Con aplicar las subidas generales mientras los salarios siguen perdiendo capacidad de compra frente al encarecimiento de la vivienda, la alimentación, los suministros y los servicios básicos no basta. Los empleados públicos de Castilla-La Mancha necesitan una respuesta específica que permita compensar el impacto de la inflación y reducir la brecha retributiva con otras comunidades autónomas”, añade Domínguez.

CSIF recuerda que durante muchos meses de 2022 la inflación superó los dos dígitos, con el registro récord de una inflación del 13,2% en julio de 2022. Entre 2022 y 2024, la subida media acumulada de los precios en España fue del 14,7%, mientras que en Castilla-La Mancha alcanzó el 16,4%. Durante 2021 y 2022 Castilla-La Mancha registró la tasa de inflación más elevada del conjunto del país. A pesar de mitigarse el índice de precios al consumo en años sucesivos, la ola inflacionista continúa siendo muy alta.

Por ello, CSIF reclama al Ejecutivo autonómico que abra una negociación para abordar mejoras salariales propias, que vayan más allá de los incrementos estatales y permitan recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido. En esta línea también se incluyen las movilizaciones que está llevando a cabo el sindicato en el ámbito educativo, con una huelga proyectada el 9 de diciembre: mientras otros territorios han logrado importantes subidas incluyendo el complemento autonómico, además de mejoras laborales, en Castilla-La Mancha se mantienen recortes ya cronificados.


RECUPERAR LA ESTRUCTURA SALARIAL PREVIA AL RECORTE DE 2010 

CSIF va a seguir trabajando en aspectos pendientes como las indemnizaciones por residencia y razón de servicio, que deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el Acuerdo Marco. Esta medida es fundamental en un contexto en el que hay empleados públicos que están renunciando a su plaza porque no pueden costearse una vivienda. En este sentido, el Ministerio de Hacienda nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo y velaremos para que se haga realidad.

Además, vamos a seguir negociando con los partidos políticos en asuntos clave como recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, y otros aspectos importantes del Acuerdo Marco, que tienen que ver con la mejora de retribuciones, como carrera profesional, reclasificación, mejoras en las condiciones de jubilación, y otras mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos.

CSIF exige también que se ponga en valor el papel de los empleados públicos en la campaña electoral, recordando su importancia en todas las administraciones garantizando los servicios y prestaciones, en un momento social y económico muy complicado por el coste de la vida, los bajos salarios y la precariedad laboral en un contexto de ausencia de presupuestos e inestabilidad política.

Además, la actuación de los empleados públicos ha sido fundamental en momentos muy graves que ha afrontado la sociedad española en la respuesta inmediata de emergencias, el rescate y la reconstrucción ante diversas catástrofes. Su intervención coordinada ha permitido salvar vidas, evacuar poblaciones y restablecer infraestructuras críticas en situaciones límite: el terrible accidente ferroviario de Urda y también el de Adamuz, las crisis migratorias en Ceuta o El Hierro, la DANA, los incendios forestales, fallos de suministro eléctrico (apagón de 2025), entre otros.

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