La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado que la política de seguros agrarios establezca un apoyo público diferenciado para la agricultura y ganadería familiar. Así lo plantea la organización en sus alegaciones al borrador del próximo Plan de Seguros Agrarios Combinados, en las que defiende que, ante las dificultades presupuestarias, no se puede tratar de la misma manera a explotaciones que tienen necesidades, dimensiones y capacidades económicas “muy diferentes”.
UPA ha valorado que se consolide un presupuesto de 315 millones de euros para el sistema de seguros agrarios, una cifra superior a la contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de hace tres años. Sin embargo, considera imprescindible avanzar hacia un modelo de ayudas más justo y progresivo, que dirija los recursos públicos hacia quienes más los necesitan.
La organización propone que los fondos de inversión queden completamente excluidos de las subvenciones públicas a la contratación de seguros agrarios, al considerar insuficiente la modulación del 50 % que se les aplica actualmente. Para ello, plantea identificar a estos asegurados y establecer esta exclusión de forma expresa.
La organización también reclama que las explotaciones de titularidad compartida queden exentas de la modulación de las ayudas, en igualdad de condiciones con agricultores jóvenes, profesionales y explotaciones prioritarias. Asimismo, pide eliminar la deducción de los primeros 60 euros de subvención de cada póliza, una medida que considera especialmente perjudicial para las explotaciones pequeñas y medianas, ya que supone una penalización porcentualmente mayor para ellas que para las grandes explotaciones. En caso de mantenerse, UPA propone que se exima de esta deducción a los colectivos que ya están libres de modulación.
Seguros que respondan a los costes reales de producción
UPA considera que el sistema debe evolucionar también para garantizar que los seguros agrarios respondan a la realidad económica de las explotaciones. Por ello, propone que los precios asegurables de los diferentes productos tengan en cuenta los costes de producción, en coherencia con los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, en lugar de calcularse exclusivamente a partir de las medias de los últimos años.
La organización plantea igualmente que los seguros complementarios reciban los mismos porcentajes de subvención que los seguros principales. Esta medida permitiría ajustar las producciones aseguradas a las expectativas reales de cosecha en cultivos como el viñedo, los cereales o los frutales, al tiempo que contribuiría a reforzar el equilibrio económico del propio sistema.
Entre sus propuestas figura también la realización de estudios específicos sobre el nivel de apoyo público y la siniestralidad en función del tamaño de las explotaciones, así como sobre la evolución del coste final que soportan los asegurados. “Disponer de estos datos resulta fundamental para evaluar si las ayudas están llegando de manera adecuada a los distintos modelos productivos”, afirman.
Adaptar los seguros a la nueva realidad climática
La intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos hace necesario, a juicio de UPA, reforzar las herramientas de protección de las explotaciones. La organización exige poner en marcha definitivamente la medida 27 de las 43 medidas acordadas con el Ministerio de Agricultura para hacer frente a la siniestralidad extraordinaria, mediante fondos complementarios externos al propio Sistema de Seguros Agrarios.
UPA advierte de que la solución a las tensiones provocadas por el cambio climático no puede consistir en reducir garantías o aumentar las primas que pagan los agricultores y ganaderos. Por ello, reclama que el desarrollo de estos fondos se incorpore como prioridad al plan de trabajo de la Subsecretaría del Ministerio.
Además, propone estudiar una línea específica de seguros o garantías reforzadas frente a incendios que cubran las pérdidas reales de animales, colmenas, cultivos, pastos, infraestructuras, cerramientos y maquinaria, sin franquicias. También reclama que se contemple el sobrecoste de alimentación del ganado extensivo cuando los incendios impidan utilizar los pastos, con periodos indemnizables que respondan al tiempo real de recuperación de las superficies afectadas.
Más protección para agricultores y ganaderos
En el ámbito ganadero, la organización propone recuperar el concepto de ayuda de explotación, de manera que la contratación de varias líneas de seguro permita acceder a subvenciones adicionales. El objetivo sería incentivar el aseguramiento de la ganadería, especialmente en sectores como el ovino y el caprino, que atraviesan dificultades económicas y necesitan mejorar su protección.
En el sector del olivar, UPA reclama facilitar la incorporación de nuevos asegurados, modificando las condiciones que actualmente penalizan a quienes no disponen de historial de aseguramiento. Proponen estudiar un modelo de incorporación progresiva, con un periodo de tres años para obtener datos reales sobre la capacidad productiva y el riesgo de cada explotación, evitando que las condiciones iniciales actúen como un obstáculo para contratar.
La organización también plantea corregir los problemas de cobertura y tasación de los daños tempranos provocados por fauna silvestre en los cultivos herbáceos, revisar los rendimientos zonales y modificar los criterios que limitan las coberturas de los asegurados considerados de riesgo alto (RAS).
Por último, UPA reclama revisar los rendimientos asegurables para permitir una mayor adaptación a la capacidad productiva de las parcelas dentro de una misma comarca y pide que las comunidades autónomas realicen un esfuerzo presupuestario equivalente al del Ministerio, dando cuenta de los niveles de subvención y de los criterios aplicados en cada territorio.
“El seguro agrario es una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de las explotaciones y la estabilidad de las rentas agrarias. Su futuro debe construirse desde la equidad, con un sistema que priorice a la agricultura y ganadería familiar, mejore las coberturas y permita que agricultores y ganaderos puedan seguir produciendo alimentos incluso en un contexto de riesgos cada vez mayores”, han concluido.





