La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga, a partir de este miércoles, a una mujer acusada de prostituir a su hija menor y discapacitada en un 51%, para la que el fiscal pide 14 años de prisión, la misma pena que solicita para cinco hombres con los que la procesada la obligó a mantener relaciones sexuales.
El ministerio público acusa a los seis procesados de ser los presuntos autores de un delito de prostitución de menores y de otro delito de abusos sexuales con acceso carnal a menores de 13 años.
La Fiscalía Provincial de Ciudad Real asume el traslado conferido desde el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Puertollano.
Según detalla el fiscal, la acusada, prevaliéndose de su relación afectiva, derivada de la relación materno filial y la discapacidad psíquica, propiciaba que la entonces menor (hoy tiene 19 años) tuviera encuentros de naturaleza sexual con el resto de los acusados, «recibiendo en la mayoría de las ocasiones cuantías monetarias o regalos, tales como tabaco».
La madre llegaba a entregar el número de teléfono móvil de su hija a fin de que éstos pudieran entablar con ella conversaciones de contenido sexual o concertar los encuentros de esta índole. Y en determinadas ocasiones, llegó a requerir a su hija que llamara a los acusados, con el fin de concretar hora y lugar de los encuentros.
Así lo relata el fiscal en el escrito de conclusiones provisionales antes del juicio, que se celebrará este miércoles 18 y el jueves 19 de abril, en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
El fiscal considera a los cinco hombres autores de un delito de prostitución de menores y a la madre cooperadora necesaria, por lo que pide que cada uno de los seis procesados sean condenados a una pena de cinco años de prisión y a la madre además de que sea privada de la patria potestad. También entiende que los seis son autores de un delito de abusos sexuales con acceso carnal a menores de 13 años, por lo que pide una condena, para cada uno de ellos, de nueve años de prisión.
En concepto de responsabilidad civil, pide que indemnicen conjunta y solidariamente con 30.000 euros a la joven, por los daños morales sufridos, por el miedo a sus agresores y a su madre, por la sintomatología postraumática y por problemas de relación con adultos del sexo masculino.
