El sindicato independiente cree que es hora de que los políticos empiecen a sufrir los rigores de la crisis que «llevamos años padeciendo empleados públicos y trabajadores». Evitar solapamientos es otro aspecto fundamental para mejorar la eficiencia de los servicios públicos que prestan los municipios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), a través de nota de prensa, comparte la intención de buscar un amplio consenso para reducir costes y mejorar la prestación de los servicios públicos que demandan los ciudadanos a las administraciones más cercanas, que son las llamadas Corporaciones Locales.
CSI·F considera clave en el proceso de reforma de la Administración Local, clarificar competencias a la vez que evitar duplicidades y solapamientos para corregir las llamadas competencias impropias. Por ejemplo, temas de bienestar social que «comparten sin coordinación alguna, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas».
Para CSI·F resulta lógico atender una petición largamente demandada por el sindicato y toda la sociedad, consistente en «poner topes a los sueldos de alcaldes y concejales como tienen el resto de trabajadores de las Administraciones Públicas». Parece razonable poner un baremo y fijar el salario en función de la población y de los presupuestos del municipio y ponerla en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado, de forma que ningún regidor cobre más que un Secretario de Estado (68.000 € en los Presupuestos Generales del Estado).
CSI·F señala que este tope salarial implicaría una sustancial rebaja en la remuneración que reciben 15 alcaldes de capitales de provincia que superan esta cantidad entre los que se encuentran los de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Valencia, Vitoria, etc.
Para el sindicato independiente resulta más lógico «reducir el número de ediles, liberados políticos y asesores que recortar la plantilla de médicos o profesores, secretarios judiciales, policías o veterinarios». CSI·F considera mejor para la sociedad mantener las plantillas de empleados públicos que seguir preservando el entramado de empresas públicas (más de 2.300 de las que sólo han cerrado 120 en el 2012) «surgidas al capricho y los intereses de partidos y gobernantes».
CSI·F critica que mientras los empleados públicos de toda España ven reducidos drásticamente año tras año sus salarios y condiciones laborales, los «políticos siguen conservando privilegios de todo tipo como los de los expresidentes autonómicos José Bono, Pujol, Montilla, etc».
