Unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha durante el pleno de este jueves para anular la jubilación forzosa a los 65 años de los funcionarios de la región, aprobada por el anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal.
Los diputados de PP, PSOE y Podemos se han mostrado a favor de tomar en consideración la proposición de ley realizada por el Grupo Socialista, que permite iniciar el trámite parlamentario para dar luz verde a las prolongaciones de la permanencia de los empleados públicos en el servicio activo hasta los 70 años. Para ello, se modificará la ley de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015.
Según el texto, la prolongación de la permanencia no podrá exceder la edad máxima establecida en el Estatuto Básico del empleo Público o, en el caso de personal funcionario docente no universitario, de la finalización del curso. En el caso del personal que presta servicio en instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se regirá por su propia normativa.
El diputado del PSOE Rafael Esteban, encargado de detallar la propuesta y defenderla ante la Cámara, ha indicado que la aplicación de las diferentes leyes en vigor «ha mostrado la necesidad de permitir prolongaciones en el servicio activo» no solo en los supuestos en ellas expresados «sino en otros concretos en los que por motivos organizativos» se hace necesario. Así, esa prolongación se podrá aplicar cuando sea necesario para causar derecho a la pensión de jubilación, cuando así se determine en los instrumentos de planificación y racionalización de los recursos humanos y cuando se considere necesario para la adecuada prestación del servicio público y así se acredite mediante un informe del órgano competente.
Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cerrado el debate asegurando que el Gobierno de Castilla-La Mancha prevé incluir esta medida en los presupuestos de 2016, con el objetivo de «suprimir un conjunto de normas del anterior ejecutivo para contar con algunos profesionales que podrán seguir prestando servicio aún llegando a la edad de jubilación».
Ruiz Molina ha justificado esta decisión asegurando que supone «la sutura de una herida que estaba produciendo una sangría enorme de talento en la Administración regional». «Mal está que nuestros jóvenes tengan que emigrar y perdamos por ello talento, pero también es malo perder talento por decisiones que toma la propia Administración regional. Queremos retener el talento de los mayores, de los jóvenes y también retenerlo con la oferta de empleo público que hemos anunciado. Esta medida no supone que prolonguemos de manera automática la edad de jubilación de los funcionarios», ha finalizado.
En el mismo sentido, el socialista Rafael Esteban ha dicho: «No estamos excluyendo a nadie. Estas personas que quieren continuar trabajando son aportadores de talento y de la experiencia que hace falta para los jóvenes que empiezan a entrar al mercado laboral». Así, ha respondido al diputado de Podemos David Llorente, que se ha preguntado: «¿Qué les van a decir a jóvenes cualificados que están buscando empleo, que esperen más para empezar a trabajar? Eso es como pedir a una persona que deje de respirar durante una hora». Además, el parlamentario morado ha insistido en que los jóvenes «no van a poder esperar» y ha cuestionado «cuánto le costará a la sociedad prescindir del talento».
Pese a ello, Podemos ha ofrecido al PSOE su apoyo a este texto a cambio de que los socialistas asuman el compromiso de incluir en la ley un mecanismo que garantice «que por cada prolongación de permanencia durante un año se convoque en paralelo una nueva plaza de igual perfil a la que pueda incorporarse una persona joven y cualificada».
Por su parte, el popular Francisco Cañizares ha señalado que a los diputados de PSOE y Podemos que son como el dúo artístico Pimpinela: «Se enfadan y discuten pero al final votan lo mismo porque son hermanos». Sobre la cuestión a debatir, el parlamentario conservador ha asegurado que su partido apoya el texto porque quiere «que los funcionarios recuperen derechos importantes que han perdido estos años» como consecuencia de las políticas aplicadas por gobiernos socialistas.
No obstante, el PP ha advertido de que estará vigilante para que la medida esté «acompañada de los presupuestos» con una consignación económica y, en este sentido, ha criticado que el Gobierno regional aún no haya presentado el proyecto de las cuentas generales de la Junta para 2016.
