El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy la aprobación el próximo año de «una ley social de la vivienda» que incluirá, entre otros aspectos, la posibilidad de gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas y especulan con ellas.
García-Page ha hecho este anuncio en rueda de prensa tras firmar con los decanos de los Colegios Oficiales de Abogados y del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la comunidad autónoma el acuerdo para la puesta en funcionamiento de la Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria.
La nueva ley de la vivienda, ha explicado el presidente autonómico, será «potente» y «provocadora, no por provocar sino por abrir brecha en el debate social».
«Desde Castilla-La Mancha hemos innovado muchos debates en España, desde los malos tratos hasta muchas otras batallas en materia de igualdad, vamos a hacer un esfuerzo para generar una ley que reflexione sobre tres aspectos, a mi juicio, importantes», ha indicado García-Page.
El primero, será «establecer un derecho que tendrá la Administración a conocer antes de que se produzca el desenlace, cualquier intento de desahucio para personas que tengan necesidad social», lo que según ha dicho se fijará por primera vez en España.
El objetivo es que la Administración regional no se entere «por los periódicos» sino que «habrá un trámite concreto claro que obligará a las entidades bancarias o grandes inmobiliarias, antes de desahuciar a nadie por razones sociales, a comunicarlo».
«Y a un derecho de la Administración a poder establecer un mecanismo de intermediación», ha añadido el presidente regional, quien ha apuntado que existe en España «alguna normativa que lo aconseja», pero su intención es «establecer un derecho muy claro y muy rotundo que va a impedir mirar para otro lado».
La segunda cuestión que introducirá la ley será la posibilidad de gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas y especulan con ellas, si bien ha aclarado que no serán personas físicas «que tienen dos o tres casas ni la segunda vivienda que tiene uno en Toledo y otro en La Manga».
A este respecto, ha subrayado que no está «ni mucho menos pensando en cortocircuitar el flujo económico que significa la generación de vivienda y tener las casas que cada uno quiera».
«Estoy hablando de que en España miles y miles de viviendas se acumulan en pocas manos y que no se sacan al mercado, salvo que el banco sea malo, simplemente esperando que suba el precio, mientras hay gente que no tiene vivienda», ha afirmado.
A su juicio, estas situaciones tienen que tener «un reflejo fiscal», como supone que «en su día habrá que establecer una escala fiscal muy diferente entre lo que es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vivienda», aunque ha señalado que esto es un asunto de legislación estatal.
Por último, ha explicado que esta nueva ley o la legislación urbanística establecerá una obligación para que en toda planificación urbanística los distintos tipos de viviendas se generalicen por todo los barrios.
El fin, ha explicado, es «no estancar a la gente en función de la renta» y «si la sociedad tiene que poner en circulación en el mercado viviendas dirigidas a colectivos más desfavorecidos, que no se concentren en una sola zona a modo de gueto social», ha dicho.
«Porque eso no arregla el problema y, sin embargo, crea muchos más. Y esto que hasta ahora es una consideración general vendrá impuesto por ley», ha aseverado.
García-Page ha dicho que no cree «que sean razonamientos revolucionarios ni radicales» sino «casi de sentido común» y, en este sentido, ha apostado por «empezar por poner letra pequeña y objetivar los derechos que hasta ahora eran de segundo grado en la Constitución y que, sin embargo, la crisis ha dejado claro que tienen que ser de primer grado, como el derecho a la vivienda digna».
