Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la proposición de ley presentada por el PSOE que permitirá que los 70.000 empleados públicos de la administración regional recuperen la jornada laboral semanal de 35 horas a partir del 1 de enero de 2019.
Esta proposición de ley, aprobada mediante el procedimiento de lectura única -que también ha logrado la unanimidad de la cámara-, modifica la ley de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de los servicios sociales, aprobada en 2012, que recogía que la jornada laboral de los empleados públicos se establecía en las 37,5 horas semanales.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha agradecido al grupo socialista la presentación de esta proposición de ley, pues ha considerado que con su puesta en marcha se podrá recuperar un derecho de los empleados públicos, «una medida legítima» que además redunda en beneficio de los servicios públicos, pues mejorará la calidad de los mismos.
Además, ha resaltado que favorecerá la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores y la creación de empleo, mediante la contratación de más empleados públicos.
Por su parte, el diputado del PSOE Fernando Mora ha recordado que fue el PP el que pidió que la jornada de 35 horas se declarase inconstitucional cuando la ex presidenta regional, María Dolores de Cospedal, «infringió un castigo inmerecido a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, intentando blindar la jornada de 37 horas y media», aunque ha recibido el anuncio del apoyo del PP a la medida. «Más vale tarde que nunca» y «arrepentidos los quiere Dios», ha subrayado, no sin antes lamentar «dónde hemos tenido que llegar».
Mora ha recordado que las 35 horas era una medida que figuraba en el programa electoral del PSOE que entró en vigor el 1 de enero de 2016, aunque solo funcionó hasta el 3 de mayo de ese año, cuando el Tribunal Constitucional, a requerimiento del Gobierno de España, del PP, decidió que fuese declarada inconstitucional. Un derecho, ha añadido, con el que el PP «quiso utilizar a Castilla-La Mancha como cobaya» de los recortes que habría en la sociedad española después.
