El Real Decreto-Ley en el que se incluye la prórroga hasta septiembre de las moratorias de hipotecas y de alquiler entrará en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Consejo de Ministros aprobó este martes, en el marco de este decreto, tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre el llamado “escudo social”.
El primero de los paquetes pretende aliviar las cargas financieras de la hipoteca; el segundo está relacionado con el alquiler; y el tercero, con los suministros.
Concretamente, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. A fecha 30 de junio, se han concedido 226.285 solicitudes.
La moratoria legal y la convencional se podrán conceder simultáneamente, por lo que los hogares que soliciten ambas serán beneficiarios de una moratoria legal de 3 meses, seguida de una moratoria convencional de 9 meses.
Asimismo, la moratoria sobre créditos al consumo, de la que se han concedido 364.407 solicitudes, se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de 3 meses. Al igual que para el caso de la moratoria hipotecaria, tanto la legal como la convencional se pueden conceder simultáneamente.
En cuanto a las medidas para proteger a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad, la prórroga de 6 meses de los contratos de arrendamientos sobre vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre.
Se amplía también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea gran tenedor de vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Además, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta el 2 de octubre.
No se podrán realizar cortes de luz, agua o gas
Por otro lado, se prolonga hasta el final del mes de septiembre la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda.
