El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el real decreto-ley que da al Tribunal Supremo la última palabra para decidir qué derechos fundamentales pueden restringirse para combatir el virus una vez que decaiga el estado de alarma, el próximo domingo.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros pretende evitar el caos originado el año pasado, cuando los jueces aplicaron criterios diferentes a peticiones similares de las comunidades, lo que derivó en un goteo de resoluciones contradictorias que dispararon la incertidumbre entre los dirigentes autonómicos y los ciudadanos.
Según publica el diario El País, el Gobierno se ha resistido durante toda la pandemia a reformar las leyes sanitarias para permitir, como le pedían varias comunidades y partidos de la oposición, que los Ejecutivos regionales puedan limitar derechos fundamentales sin necesidad de contar con el aval de la justicia.
También ha descartado concretar en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública qué soluciones pueden adoptar las comunidades. Según el Ejecutivo, la legislación actual ya da cobertura suficiente a los gobiernos autonómicos para gestionar la pandemia sin estado de alarma y no es necesario renovarla..
