La nueva Política Agraria Común (PAC) presenta cambios que según las eurodiputadas Cristina Maestre y Clara Aguilera suponen un “salto considerable”. Así lo han avanzado junto al Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en una jornada organizada por «Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo», celebrada este viernes en Tomelloso en las instalaciones del IRIAF.
Uno de los cambios más significativos de esta reforma está relacionado con la subsidiaridad hacia los Estados. Aguilera ha manifestado que esta estrategia supone que cada Estado desarrolle una política agrícola, un mayor compromiso medioambiental y la aparición de nuevos “eco-esquemas”. Una figura con la que el ganadero o el agricultor que decida actuar en pro del medio ambiente, “va a percibir más dinero en torno al 20 y el 25 por ciento más.
Dimensión social
Otra de las novedades que incluye esta reforma es la “calidad del empleo agrario”. Esta era una de las claves que quedaba fuera de la antigua PAC y que a partir de 2025, “el trabajo del eventual agrícola tendrá que estar sometido a las directivas de empleo”. Además, como avanzaba Arroyo la semana pasada, el agricultor que no respete los derechos de los trabajadores, no percibirá ninguna ayuda de la PAC.
Arroyo ha conferido especial importancia a la agricultura y ganadería familiar. En este sentido, el Consejero ha reconocido que “fue un error excluir a los agricultores y ganaderos pequeños como perceptores de la PAC actual”. Por eso ha recalcado que nadie se quedará atrás.
En última instancia, Arroyo ha recordado que antes de que finalice el año, se tiene que enviar un Plan Estratégico Nacional a Bruselas para que la Comisión “dé el visto bueno” en el primer semestre de 2022. Un documento de carácter político que seguirán avanzando en la Conferencia Sectorial entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio.
