El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia provocada por el coronavirus, que abarcó el período de marzo a junio del 2020 y que implicó un confinamiento domiciliario.
Esta cuestión tiene una importancia capital porque en el fallo, quizás, se explicite si esta declaración de inconstitucionalidad tiene un efecto práctico para los ciudadanos aunque haya pasado un año ya desde que finalizó, porque puede incluir la anulación de miles de multas puestas en ese período por incumplir las normas.
el TC considera que las restricciones a la movilidad impuestas en los meses de la primera ola fueron más allá de una simple limitación de derechos fundamentales para adentrarse en la suspensión, más propia de otros estados como el de excepción.
La sentencia no discute la pertinencia de estas medidas para contener el avance del virus y las considera proporcionadas, pero no comparte el modelo que se empleó para implementarlas
