La subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María de los Ángeles Herreros, ha valorado como una muestra del “compromiso inquebrantable” del Gobierno de Pedro Sánchez, el incremento del 8,5% con carácter general para las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva y no concurrentes con otras.

Con esta subida, el aumento de la pensión media de jubilación en la provincia de Ciudad Real es de 101,82 euros al mes o de 1.428 euros al año y se situará en 1.299,73euros mensuales. Cabe recordar que en el 2018 la pensión media en esta provincia era de 1.049,14.

En total, en el territorio español, 11,8 millones de pensionistas y perceptores de otras prestaciones van a ver garantizado su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación como se está produciendo.

Este aumento del 8,5% para 2023 es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada hace un año y acordada con los interlocutores sociales. De esta manera, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

Para la subdelegada Herreros “en momentos con una alta inflación y una gran incertidumbre internacional, es cuando tiene más sentido que los pensionistas, que no tienen capacidad de reacción ni de negociación en estas situaciones, vean garantizado su poder adquisitivo. Recordemos que con la fórmula del Gobierno del PP, la subida era siempre de un escaso 0,25%, que en este contexto hubiera supuesto una fuerte pérdida del poder adquisitivo para los pensionistas. Sin embargo, la actualización de las pensiones con los precios realizada por este Gobierno hace que una pensión media sea ahora un 23% más alta que de haberse seguido aplicado la fórmula de revalorización de la reforma del PP”.

El coste de la revalorización al 8,5% es de 13.600 millones de euros para el conjunto de 2023, y si se añade la subida del 15% de las pensiones no contributivas y del IMV esta cifra asciende a 14.500 millones.

En palabras de la subdelegada Herreros “el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es compatible con el fortalecimiento de las cuentas del Sistema Público de Pensiones, ya que las medidas de protección y mejora de la calidad del empleo impulsadas entre otras normas por la reforma laboral están mejorando los ingresos del sistema y porque se han tomado más medidas, como la asunción por el Presupuesto de los gastos que no han de ser financiados por la Seguridad Social, de tal modo que se prevé para el 2023 un ingreso récord por cotizaciones sociales, que llegarán a suponer el 10,9% sobre el total del PIB. De hecho, el déficit de la Seguridad Social, que en 2018 era del 1,6% del PIB, este año terminará previsiblemente en torno al 0,5%.”

Por último, la subdelegada ha querido recordar que la revalorización de las pensiones es un derecho, no una mera medida económica “lo dice el artículo 50 de la Constitución Española, la doctrina del Tribunal Constitucional, la doctrina del TJUE y la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos. Es una cuestión sobre la que no se puede decidir en función de la coyuntura, los derechos no pueden funcionar así, el sistema de pensiones es uno de los principales activos de nuestro estado del bienestar y hay que seguir trabajando para reforzarlo y modernizarlo”.