La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y AEAFMA han denunciado la situación de inseguridad jurídica en la que, afirman, se encuentran los agentes medioambientales de la región. La causa es la instrucción interna de la Junta que les obliga a que las denuncias que hacen pasen antes por los servicios jurídicos para su estudio y tramitación.
Los agentes medioambientales son policía judicial en esta materia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal les obliga a comunicar de inmediato los delitos o presuntos delitos de los que tengan conocimiento y a ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal a la mayor brevedad. CCOO y AEAFMA no cuestionan los cauces que la administración emplea para dar curso a las denuncias, siempre que no obstruya el trabajo de los agentes, pero sí que se pueda usar esta instrucción para filtrar lo que llega a la Fiscalía y lo que no. Aseguran tener documentados atestados que se quedan en las delegaciones y no llegan a sede judicial.
El dilema al que se enfrenta el cuerpo es si obedecer la instrucción interna o cumplir la ley, con el riesgo de incurrir en responsabilidad penal si no llega al juzgado la denuncia. En esa situación está uno de los miembros del cuerpo que, tras comunicar a su delegación los hechos, diligencias e indicios de un presunto delito medioambiental con autor conocido, éste permaneció “días y días” sin llegar a sede judicial. El agente ha sido expedientado por saltarse este trámite y se enfrenta, incluso, a la suspensión de empleo y sueldo. Alfredo Poveda ha advertido “no voy a tolerar que se me reproche por hacer bien mi trabajo” al tiempo que ha calificado su situación como un “ataque a la dignidad del cuerpo” del que forman parte 5.000 profesionales en toda España.
CCOO registró el pasado 23 de octubre un escrito en el que pide a la Consejería el número de denuncias cursadas, las tramitadas y el estado de todas estas actuaciones, de momento, sin respuesta. Según Gustavo Beltrán, de la coordinadora regional de agentes medioambientales de CCOO, “esta es la incertidumbre que sufrimos todos cuando realizamos un atestado, por lo que sería un ejercicio de transparencia por parte de la administración que tanto a sus agentes como a la ciudadanía diera esos datos”.
La responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla-La Mancha, Carmen Juste, ha indicado que “se está acabando la legislatura y el cuerpo de agentes medioambientales no ha visto ninguna mejora ni avance en materia laboral” Los efectivos han pasado de 600 en 2011 a menos de 500 en la actualidad mientras sus funciones no han dejado de crecer a consecuencia de las emergencias en las que participan como incendios, Danas, rescates o crisis sanitarias.
Juste ha citado, entre otras demandas del colectivo, la revisión de la orden de horarios, el paso a segunda actividad, una compensación económica por el aumento de funciones o la mejora del equipamiento y la flota de vehículos.
Por su parte, el vocal de la AEAFMA, Arturo García Bernat, ha indicado que, una vez analizado este asunto con profundidad, “valoraremos y adoptaremos las medidas que consideremos oportunas en la defensa de los derechos y del adecuado ejercicio de las funciones de los agentes medioambientales”.






