La Administración ha anunciado un nuevo ajuste en la oferta de plazas de las escuelas infantiles públicas, elevando las ratios hasta el máximo permitido por unidad.
A partir de este curso, las aulas podrán acoger 6 alumnos y alumnas de 0-1 año, 11 de 1-2 años y 16 de 2-3 años. Además, estas cifras podrán incrementarse aún más con alumnado de urgencia social y con necesidades educativas especiales, lo que puede llevar a superar con creces la capacidad real de atención individualizada.
En este sentido, CSIF apunta que «detrás de esta «oferta ampliada» se esconde una realidad preocupante: menos tiempo para cada niño o niña, mayor carga para el personal educativo y una clara disminución de la calidad en un periodo crucial para el desarrollo afectivo y cognitivo. Las ratios elevadas no solo dificultan la creación de vínculos seguros y la atención a las necesidades emocionales y educativas, sino que también suponen una sobrecarga del trabajo de las educadoras y un deterioro de las condiciones de los centros».
Desde la comunidad educativa reclaman que se priorice el bienestar de la infancia y la calidad de la atención educativa, no la ocupación máxima de cada aula. «La primera etapa educativa (0-3 años) no puede gestionarse con criterios de rentabilidad ni de eficiencia administrativa; requiere sensibilidad, recursos humanos adecuados y respeto a los ritmos de desarrollo».
Desde CSIF y STAS piden a la Administración que reconsidere esta medida y escuche a los profesionales, las familias y la investigación pedagógica, que coinciden en señalar que ratios más bajas garantizan una educación más justa, inclusiva y de mayor calidad
