El sindicato denuncia que el 42% de la plantilla de ATE sufre contratos parciales, lo que afecta a la atención del alumnado con necesidades especiales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a consolidar la jornada laboral de 35 horas semanales para la totalidad del colectivo de auxiliares técnicos educativos (ATE). El sindicato sostiene que la actual estructura contractual contradice el compromiso institucional con la educación pública y la diversidad, al mantener a una parte significativa de la plantilla en condiciones de precariedad.
Según los datos aportados por la organización, la región cuenta actualmente con 914 ATEs, de los cuales 384 operan con jornadas parciales. Esta cifra representa una tasa de temporalidad del 42%, una situación que, a juicio de CSIF, impide realizar tareas esenciales como la coordinación pedagógica, la preparación de materiales adaptados y el seguimiento continuo del alumnado. La necesidad de estos profesionales se ha visto incrementada notablemente en los últimos años: durante el curso 2024-2025, el número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo alcanzó los 44.642, casi el doble de los 22.502 registrados en el ciclo 2020-2021.
Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, ha calificado la situación como una «discriminación flagrante». Según Sánchez, «la parcialidad implica retribuciones insuficientes que obligan a estos profesionales a vivir en situaciones de inestabilidad económica». El sindicato subraya que, al tratarse de un colectivo mayoritariamente feminizado, la imposición de contratos parciales perpetúa una brecha salarial inaceptable frente a otros trabajadores de la Administración con el mismo nivel de responsabilidad.
Ante esta problemática, CSIF ha mantenido su negativa a firmar las actas de la mesa técnica de Educación como medida de protesta. La organización exige la reconversión automática de todas las plazas parciales a jornada completa, argumentando que no es posible defender la inclusión educativa mientras se mantienen condiciones laborales precarias para quienes la hacen posible.
