El pacto con ASAJA y UPA introduce una franja de seguridad de diez metros en parcelas forestales y eleva a 20 hectáreas el umbral para aplicar restricciones en época de riesgo alto y extremo
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y las organizaciones agrarias UPA y ASAJA para compatibilizar las actividades de la siega con la prevención de incendios forestales en la región. La medida, consensuada tras una reunión mantenida el pasado lunes entre representantes del sector y responsables de las Consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible, se trasladará próximamente a la normativa que regula las campañas de extinción de incendios.
Entre las principales novedades del acuerdo destaca la posibilidad de dejar una franja de seguridad de diez metros sin cultivar en aquellas parcelas agrícolas que sean perimetrales a las zonas forestales. Según ha detallado Martínez Guijarro, esta medida consistirá en mantener «una franja sin cultivar en tierra desnuda o bien plantando girasol» para frenar la propagación del fuego.
Asimismo, el consenso alcanzado modifica las limitaciones de cosechado en periodos críticos. En concreto, se elevará la superficie mínima a partir de la cual se contempla la aplicación de los 400 metros de restricciones en las épocas de riesgo alto y riesgo extremo de incendios. «Vamos a pasar de cinco a 20 hectáreas. Eso lo que implica es que el 50 por ciento de la superficie estará sin ningún tipo de restricción», ha subrayado el vicepresidente primero, destacando la voluntad del Gobierno regional de buscar soluciones de consenso ante las dificultades del sector.
Impulso a la eficiencia energética en Las Pedroñeras
Estas declaraciones se han realizado en el marco de una visita institucional a las instalaciones de la Cooperativa vitivinícola San Isidro Labrador, ubicada en Las Pedroñeras (Cuenca). Durante el recorrido, Martínez Guijarro ha estado acompañado por el presidente de la cooperativa, José Luis García Checa; la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro; la presidenta del ADI El Záncara, Delfina Carrasco; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; y el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández.
La cooperativa conquense ha incorporado recientemente nueva maquinaria destinada a mejorar su proceso de despalillado mediante tecnologías financiadas con fondos europeos a través del Grupo de Desarrollo Rural ‘ADI El Záncara’, bajo el programa LEADER. Esta inversión ha permitido reducir el consumo de electricidad de la planta a la mitad, mejorando de forma directa la eficiencia energética de la instalación y la calidad del producto final.
Finalmente, el vicepresidente primero ha reivindicado el impacto socioeconómico de los Grupos de Desarrollo Rural en el territorio. Según los datos aportados por el Ejecutivo, durante la programación 2014-2022 se tramitaron más de 6.000 expedientes a través de estos grupos, lo que se tradujo en una inversión total superior a los 520 millones de euros. Esta movilización de recursos ha supuesto que por cada euro público invertido se generen otros dos euros de inversión privada, propiciando la creación de 12.000 puestos de trabajo en las zonas rurales de la comunidad autónoma.
