El Gobierno regional impulsa una nueva Ley de Espectáculos para modernizar la regulación del ocio

La normativa sustituye a la ley vigente desde hace 15 años, introduciendo mayor seguridad, profesionalización del control de acceso y simplificación administrativa

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado en las Cortes regionales un nuevo proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas con el objetivo de actualizar el marco normativo regional, adaptándolo a formas de ocio más diversas y dinámicas. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido la necesidad de este cambio para sustituir una regulación que acumulaba 15 años de vigencia, buscando un equilibrio entre el derecho al ocio y el descanso ciudadano.

La nueva ley aborda el vacío legal existente en torno a los macroeventos, festivales, celebraciones populares y eventos deportivos en espacios abiertos. Entre las novedades destacadas, se amplían las causas de prohibición o suspensión de espectáculos, incluyendo supuestos que atenten contra la protección de la infancia, riesgos para el orden público o la celebración de actividades en el medio natural durante épocas de peligro alto o extremo de incendios forestales. Asimismo, se incorpora el decomiso como herramienta para combatir actividades ilegales.

En cuanto a la profesionalización, la norma establece requisitos de formación y habilitación para el personal de control de acceso, quienes deberán superar pruebas de aptitud expedidas por la Junta de Comunidades. El proyecto también apuesta por la simplificación administrativa mediante el sistema de declaración responsable, reservando la autorización administrativa para casos donde concurran razones de seguridad, salud pública o protección ambiental.

El texto, elaborado tras un proceso de diálogo con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el sector hostelero, estructura el catálogo de actividades en 11 categorías recreativas y ocho de espectáculos públicos. Durante su tramitación parlamentaria, se han debatido un total de 75 enmiendas, de las cuales el Gobierno ha aceptado 27 del Grupo Popular y ha planteado acuerdos sobre otras siete, con el fin de dotar a la región de un instrumento legislativo eficaz, transparente y seguro.

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