Prioriza caza social frente a intensiva.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado hoy remitir a las Cortes autonómicas la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que prioriza la caza social frente a un modelo intensivo en la comunidad autónoma en la que tiene mayor peso la actividad cinegética ya que factura 600 millones de euros.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado en rueda de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, entre ellos la modificación de la actual ley de caza que «mejora» la actual norma aunque no es del agrado «al cien por cien» del sector cinegético ni ecologistas.
Martínez Arroyo ha agradecido a ecologistas y cazadores el esfuerzo que han hecho durante dos años de reuniones para alcanzar la ley cuya diferencia «más importante» con la actual es que prioriza la caza social (cotos sociales y zonas colectivas de caza) frente a un modelo intensivo.
Además, se eliminan prácticas «que nada tienen que ver con el modelo de caza sostenible» y prioriza el uso de caminos y senderos,o sea «el disfrute del monte frente a la caza».
Improvisación del CSN al elegir Villar de Cañas
Por otro lado, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha señalado hoy que las observaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la ubicación en Villar de Cañas (Cuenca) del almacén nuclear evidencian la «improvisación del Gobierno central» en su decisión.
En rueda de prensa el consejero ha dicho que se ha analizado cómo está el tema del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas a la vista de un informe del CSN que indica que el emplazamiento no es idóneo por el tipo de suelo (yeso), que puede afectar a los acuíferos.
A juicio del consejero, estas observaciones «gravísimas» del CSN «ponen de manifiesto la improvisación del Gobierno central» y avalan lo que el Ejecutivo castellanomanchego está diciendo desde el comienzo de la legislatura.
Ha recordado que el pasado mes de agosto, el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page remitió su informe para la preceptiva evaluación de impacto ambiental y ha señalado que sin tener todavía la evaluación ambiental el CSN pone en duda la ubicación.
Castilla-La Mancha está informando a la Unión Europea sobre estas actuaciones para que «sea consciente» y vea cómo puede afectar a la directiva Hábitat.
Desde el punto de vista jurídico, está pendiente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre los recursos que presentaron el Ayuntamiento de Villar de Cañas y el Estado respecto a la ampliación del espacio natural de la laguna El Hito.
Hay pendientes otros asuntos judiciales relacionados con el ATC pero, en todo caso, el Gobierno regional espera que los tribunales le den la razón.
