El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha aseverado que una «asociación o un grupo de personas», como la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), no tienen «capacidad en el ámbito legal» para realizar una consulta popular
Labrador se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre la consulta popular planteada por esta plataforma para los próximos días 20 al 23 de marzo, sobre la privatización del agua del municipio tras haber sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento.
El delegado del Gobierno ha apuntado que la asociación no es competente desde el punto de vista legal para hacer esta consulta, si bien ha afirmado que «dentro de su ámbito interno» puede hacer «lo que crea conveniente».
Respecto a las manifestaciones convocadas por la plataforma, ha dicho que sí son legales y ha añadido que la Delegación del Gobierno «velará por que se ejercite este derecho en las mejores condiciones, como siempre».
Preguntado por el inicio de un procedimiento sancionador al exalcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez-Bódalo, por ser promotor de las protestas ciudadanas en el municipio, Labrador ha respondido que la ley se aplica «para todas las personas, incluso para Sánchez-Bódalo».
