El Consejo de Gobierno ha aprobado un plan de choque para agilizar los 26.000 expedientes de ayudas a la dependencia que hay pendientes, para lo cual contratará a 43 trabajadores, que son interinos que fueron despedidos en 2012 y que ahora son readmitidos en cumplimiento de una sentencia judicial.
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en la rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados por el gabinete en su reunión semanal, ha explicado que los 43 trabajadores interinos responden al perfil que se requiere para el puesto y pasarán a reforzar los equipos provinciales de bienestar social.
Con esta medida se conseguirá agilizar los expedientes que hay pendientes para reconocer servicios y prestaciones, y se reducirá el tiempo de resolución de los informes de personas dependientes ya valorados que han solicitado una revisión.
Se contratarán ocho valoradores, 18 auxiliares administrativos y 17 técnicos del programa de atención individual.
El coste es de 800.000 euros y con esta medida se resolverán las 26.000 solicitudes de ayuda a la dependencia que «el anterior gobierno dejó escondidas en los cajones».
