La promoción alcanza un récord histórico de presencia femenina y refuerza la seguridad en localidades que agrupan al 40% de la población regional
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha oficializado la incorporación de 123 nuevos agentes de policía local, quienes tras completar su formación inicial prestarán servicio en 48 municipios de la región. El acto de clausura del XXXVIII Curso Selectivo de Formación Inicial, celebrado en Toledo, estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, y contó con la intervención del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Los nuevos efectivos han superado un proceso de formación de casi nueve meses con cerca de 1.700 horas lectivas de instrucción teórica y práctica. Según destacó Ruiz Molina, esta preparación garantiza que los agentes comiencen su trayectoria profesional con una capacitación técnica y física de alto nivel, adaptada a las exigencias de seguridad actuales en los municipios, donde residen más de 840.000 personas.
Récord en presencia femenina
Esta promoción marca un hito histórico al contar con 31 alumnas, lo que representa el 25% del total, la cifra más alta registrada hasta la fecha. El consejero subrayó que la presencia de mujeres en las policías locales de la comunidad ha crecido significativamente desde 2016, pasando del 7% al 13%. Este avance ha sido impulsado por medidas regionales como la eliminación del requisito de estatura mínima y la protección específica de las condiciones laborales durante el embarazo y la lactancia.
El Ejecutivo regional ha reafirmado su compromiso con el cuerpo de policía local, superando los 2.200 agentes formados en las últimas tres décadas. La previsión del Gobierno autonómico es alcanzar la cifra de 1.000 nuevos policías formados al término de la legislatura en 2027. Asimismo, el consejero ha instado al Gobierno de España a flexibilizar la normativa para permitir la prestación de servicios conjuntos entre municipios limítrofes y autorizar que los agentes en prácticas puedan portar armas, equiparándolos así a otros cuerpos de seguridad del Estado.
