Antonio Lucas-Torres valora las medidas aprobadas en Consejo de Gobierno.

El delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, ha valorado el decreto que prepara el Gobierno regional para ayudar a aquellas familias que residen en viviendas sociales, propiedad de la Junta, y que están atravesando problemas económicos. 

Lucas-Torres ha señalado que “esta medida tiene una clara vocación social” porque los inquilinos afectados por la crisis merecen que la “Administración les conceda facilidades” para hacer frente al pago de la renta.

De este modo, el decreto establece de manera temporal la posibilidad de pagar a plazos el alquiler de las viviendas que son propiedad de la Junta. Una norma que incluso, plantea la opción de suspender los pagos durante un tiempo.

El delegado también ha explicado la propuesta de la Consejería de Fomento para dar salida al stock de viviendas vacías que tiene la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), que asciende a los 800 inmuebles.

En concreto, unos 400 casas se ofertarán como viviendas de alquiler con opción a compra, y el precio de dichos alquileres, en el 70 por ciento de los casos, no superará los 200 euros mensuales. El resto de inmuebles verá reducido su precio en un 27 por ciento de media.

Por otro lado, Lucas-Torres ha señalado que la Presidenta Cospedal “garantiza el mantenimiento y el servicio del transporte escolar para los próximos cuatro cursos académicos” como ha quedado constatado en el Consejo de Gobierno tras la aprobación de una partida de casi 68 millones de euros para contratar el servicio de transporte escolar en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Por último, Lucas-Torres ha detallado la aprobación, en Consejo de Gobierno, de las ayudas por valor de 15,7 millones de euros para la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, que permitirán que 440 jóvenes de la región se inicien en la actividad agraria.

Las ayudas están destinadas a jóvenes de entre 18 y 40 años, que tendrán que permanecer en la actividad agraria y ganadera un tiempo máximo de cinco años. Además, deberán acreditar una captación profesional o adquirirla en los próximos tres años y la explotación tiene que disponer de los medios necesarios.

Compartir en :