Argamasilla de Alba pide la declaración oficial de plaga de conejos y un plan urgente para salvar el campo

El Consejo Local Agrario de Argamasilla de Alba ha aprobado por unanimidad una propuesta en la que solicita al Gobierno de Castilla-La Mancha la declaración oficial de plaga del conejo silvestre en el término municipal y la puesta en marcha urgente de medidas que pongan fin a una situación que califican de “insostenible” para el campo.

El Consejo Local Agrario, presidido por la alcaldesa de Argamasilla de Alba, Sonia González, está integrado por representantes de las distintas organizaciones agrarias, la cooperativa “Virgen de Peñarroya”, la Comunidad de Regantes, la Comisión Local de Pastos y la representación de todos los grupos políticos de la localidad.

Durante la sesión celebrada el pasado 14 de enero, el Consejo, con el respaldo de la Sociedad de Cazadores, alertó de que la sobrepoblación de conejos se ha convertido en una plaga estructural y cronificada, con años de duración, que está provocando pérdidas económicas graves y reiteradas a los agricultores de la comarca.

Entre las principales peticiones trasladadas al Ejecutivo regional se encuentra la declaración inmediata de plaga conforme a la Ley de Sanidad Vegetal, la implantación de medidas excepcionales y continuadas de control poblacional, y la creación de un sistema ágil de indemnizaciones directas que compense las pérdidas reales de cosecha que están sufriendo los agricultores.

Asimismo, se solicita una coordinación obligatoria entre todas las administraciones públicas, especialmente aquellas responsables de infraestructuras, cauces y zonas de dominio público que actúan como refugios y focos de reproducción del conejo, y la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de quienes contribuyan a la proliferación de la plaga.

Desde el Consejo Local Agrario se subraya que el campo de Argamasilla de Alba, al igual que muchos municipios de distintas comarcas de Castilla-La Mancha, vive una situación de “auténtica desesperación” y se exige a la Junta una respuesta inmediata, eficaz y con recursos suficientes, que ponga fin a años y permita garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias.

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