El Portavoz del Equipo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Angel Punete, y el concejal del partido con el que gobierna en coalición, CxA, Angel Montealegre afirman que es rotundamente falso que La Audiencia Provincial haya archivado definitivamente la querella que PP y CxA puso contra el gobierno anterior del PSOE.
En rueda de prensa, Montealegre y Puente afirman que esto ha sido así porque «sencillamente, nunca estos Partidos Políticos hemos interpuesto ninguna querella, sino que fue el Ayuntamiento quien a través de un acuerdo unánime del Pleno, interpuso una denuncia ante los juzgados de Alcazar».
A pesa de ello, ambos concejales dicen estar satisfechos del auto de la Audiencia Provincial porque, si bien cierra la via penal, abre la vía contencioso-administrativa. Afirman, así mismo, que en la instrucción de la causa pensal ha quedado demostrado que el encargo de la obra se realizó, según la testifical del entonces Secretario de la Corporación, «sin consignación presupuestaria, sin proyecto aprobado por el Ayuntamiento, sin la correspondiente licitación, ni contrato, ni presupuesto
Por todo lo cual «anunciamos que vamos a solicitar la declaración de nulidad del expediente de contratación, para lo cual vamos a remitir el expediente al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha». Así mismo, «someteremos a la aprobación del Pleno el Dictamen del citado Consejo Consultivo y procederemos a la depuración de cuantas responsabilidades por la vía administrativa puedan derivarse de la anterior Corporación».
Montealegre y Puente han informado que el Interventor ha devuelto las facturas al contratista del alumbrado del Parque Alces, ya que «legalmente no podemos abonarlas, al no estar certificadas, ni aprobadas por los técnicos municipales del Ayuntamiento». Se trata de una partida de 180.000 euros.
Por otra parte, han anunciado que se va a iniciar los trámites ante el Consejo Consultivo de Castilla la Mancha para solicitar el pronunciamiento sobre la nulidad de contrataciones de la Obra del MUSEO DEL HIDALGO, ya que al igual que el anterior caso «tenemos facturas presentadas que no pueden abonarse por que los Técnicos Municipales no firman las obligadas y reglamentarias certificaciones».
