La presidenta de la Fundación Legado Bustillo, Gloria Uriel, ha respondido con contundencia a Máximo Díaz-Cano y a su anuncio de acciones judiciales contra la institución, con sede en La Solana, por presuntas irregularidades en la gestión de ayudas comunitarias. En un comunicado leído ante los medios, ha negado que la Fiscalía Europea haya abierto diligencias contra la Fundación o contra su director, Miguel Ruiz, al que ha defendido sin fisuras.
Uriel asegura que ni la entidad ni el propio profesional han recibido “comunicación, requerimiento o notificación oficial alguna” por parte del organismo comunitario ni de ningún otro órgano judicial. Sostiene que lo conocido hasta ahora se limita al trámite derivado de una denuncia presentada por Díaz-Cano y que, por tanto, no puede presentarse como una actuación iniciada de oficio por la Fiscalía.
La respuesta de la presidenta va acompañada de un segundo mensaje, igualmente rotundo: “apoyo y total confianza en el director de la Fundación”. Uriel rechaza así la petición formulada por Díaz-Cano para suspender a Miguel Ruiz de empleo y sueldo mientras se desarrolla el procedimiento. Considera que esa medida no solo sería prematura, sino que añadiría un nuevo daño reputacional al director y a una institución cuya gestión “se ha desarrollado dentro de la legalidad y con buena fe”.
Ese es el núcleo de un comunicado que pretende ser la respuesta del sector mayoritario del patronato a la ofensiva planteada por Díaz-Cano y los 3 patronos vinculados al PSOE. Uriel, acompañada por el vicepresidente, el secretario y los dos vocales del patronato propuestos por el Partido Popular, reivindica la cautela frente a las “informaciones no verificadas oficialmente” y reclama esperar a que, si las autoridades competentes lo consideran necesario, sean ellas las que requieran explicaciones y documentación.
La presidenta sostiene que las subvenciones gestionadas por la Fundación se han tramitado y justificado “con total normalidad, rigurosidad y plena transparencia”. Añade que las cuentas anuales y los expedientes de justificación de fondos están sometidos a auditorías independientes y que, “hasta la fecha” no se ha detectado ninguna anomalía. Los expedientes, añade, se encuentran dentro de sus periodos ordinarios de revisión e inspección administrativa.
Polarización política
El comunicado no se queda en la defensa de la gestión. Gloria Uriel carga directamente contra Díaz-Cano, al que no solo acusa de tener “nulo interés por las actividades de la Fundación”, sino que también le atribuye una actitud de confrontación política trasladada al seno de la Fundación. Afirma que su denuncia responde a “valoraciones descontextualizadas o interesadas” y cree que los solaneros “tomarán nota de esta deslealtad”. La dimensión política del conflicto es evidente, porque Díaz-Cano compareció acompañado por los patronos propuestos por el PSOE y Uriel lo hace ahora junto a los patronos propuestos por el PP. El patronato muestra así dos bloques enfrentados y con relatos completamente opuestos. La fractura es total.
Mientras que Díaz-Cano reclama medidas contra el director y anuncia acciones judiciales, Uriel pide cautela, reivindica la presunción de inocencia y defiende el trabajo realizado por el director. “Cualquier actuación del equipo directivo se ha guiado siempre por la buena fe, el cumplimiento de la legalidad vigente y la defensa de los intereses institucionales”, sostiene.
La presidenta termina apelando al respeto a la justicia y ofreciendo colaboración con las autoridades si fuera requerida, pero también reivindicando el proyecto “Horizonte 2032” y la necesidad de “liberar la Fundación Legado Bustillo de la lacra de polarización política”. Paradójicamente, esa polarización ya parece instalada en el Patronato.
