La Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar de San Juan afirma respecto a la consulta popular anunciada para los días del 20 al 23 de marzo, que no pretenden hacer un referéndum, que solo es potestad del alcalde, sino un acto simbólico, testimonial y reivindicativo para dejar clara la protesta al cambio de modelo de gestión del servicio del agua.
En el comunicado, la plataforma señala que sólo quieren hacer un acto simbólico, testimonial y reivindicativo para ejercer la libertad de expresión. Dicen que no quieren hacer un referéndum, tampoco una consulta popular sino una consulta social; preguntar a los vecinos, al igual que se ha hecho en Madrid con el Canal de Isabel II y con la Sanidad o como se ha hecho con la educación en todo el Estado y se preguntan ¿por qué ellos sí pueden y esta plataforma no? Aclaran que no pretenden independizarse de nadie, ni revolucionar el Estado, ni su forma, ni cambiar la Constitución ni las Leyes, solo ejercitar el único y último derecho que queda como ciudadanos: expresar libremente la oposición a que otros se hagan ricos a costa del esfuerzo del ciudadano y de sus nuestras facturas del agua. “Nos queda sólo eso, la reivindicación y la protesta”, dicen.
No obstante, la asamblea de la Plataforma decidirá las acciones a realizar y la continuidad del acto simbólico, testimonial y de protesta previsto. Adelantan que si se decide continuar, se realizará siempre dentro del ordenamiento jurídico, de forma pacífica y llamando a todos a mantener la serenidad y la calma, obedeciendo en todo momento a las autoridades y sus agentes.
En este sentido señalan que el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real Fernando Rodrigo, como no puede prohibir los actos de la plataforma porque son legales, se ha inventado una nueva fórmula, la de declarar “Improcedente tramitar la comunicación”, “como si los ciudadanos tuviéramos a partir de ahora tener que pedir permiso a las autoridades para podernos manifestar y para poder reunirnos”, señalan en el comunicado. Consideran que se ha inventado una autorización previa para el derecho de reunión, algo, que prohíbe la Constitución y por eso han solicitado aclaración a la Subdelegación.
Recordemos que la consulta está anunciada llevarse a cabo entre los días 20 y 23 de marzo.
