La Plataforma STOP Biometano de Socuéllamos (Ciudad Real) ha hecho público este 1 de noviembre de 2026 su informe técnico-científico titulado «Alternativas a las macroplantas de biometano para la gestión de residuos orgánicos». El documento, elaborado a lo largo de 61 páginas con infografías explicativas, busca demostrar la viabilidad de modelos de gestión descentralizados y sostenibles a partir del respaldo de más de 50 fuentes científicas, jurídicas y análisis de casos reales.
Entre los datos destacados en la investigación, el colectivo advierte sobre mediciones científicas recopiladas en 2026 que revelan que las fugas de metano en plantas de biogás pueden llegar al 22%. Según expone el informe, este porcentaje de emisiones involuntarias puede ocasionar que el impacto climático de estas infraestructuras resulte superior al del propio gas natural fósil, poniendo en duda las dinámicas de implantación masiva de macroinstalaciones.
Frente al modelo de gran escala, el trabajo analiza 16 alternativas tecnológicas ya probadas y operativas en diversos territorios, entre las que se incluyen el compostaje comunitario y descentralizado, el vermicompostaje y la digestión anaerobia a pequeña escala. El informe señala que estas opciones permiten devolver los nutrientes al campo, generan empleo de carácter local y evitan las molestias derivadas del tráfico pesado de residuos en los municipios.
En el plano legal, la plataforma apela a la Ley 7/2022 para recordar a las administraciones que la jerarquía normativa de residuos obliga a priorizar el reciclado y compostaje frente a la valorización energética. Para facilitar la aplicación de este principio, el estudio incorpora una guía metodológica con el fin de que los ayuntamientos puedan calcular los costes ocultos de las macroplantas antes de otorgar autorizaciones.
La publicación está concebida como un manual de trabajo dirigido a plataformas ciudadanas de Castilla-La Mancha y del resto de España, así como a las administraciones públicas. La organización promotora exige transparencia en la difusión de los datos de emisiones y reclama que la toma de decisiones institucionales se rija por el interés general y la preservación del modelo territorial.
