Rosa Romero considera que «el Gobierno que ampara a los okupas está generando más okupación ilegal de viviendas»

La diputada nacional del Partido Popular por Ciudad Real, Rosa Romero, ha ofrecido una rueda de prensa este jueves en Tomelloso, en las inmediaciones del barrio de San Juan, uno de los entornos más afectados por la okupación ilegal de viviendas, acompañada por el presidente del PP de Tomelloso, Javier Navarro, para denunciar nuevamente esta lacra e informar de las propuestas del PP en este ámbito.

El PP ha planteado medidas antiokupación, con propuestas incluidas en su proyecto alternativo de Gobierno. Dada la “alarmante e indignante” situación que se vive no solo en Tomelloso, sino en el conjunto del país en lo que respecta a la okupación ilegal consideran los populares que este incremento del 19% de esta lacra en 2021 “es fruto de la manera de gobernar de los gobiernos sociales en España, en Castilla-La Mancha y también en Tomelloso, protegiendo a los okupas y perjudicando a los propietarios”, asevera Romero, que se ha referido a la Ley de Vivienda presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, una ley, a su juicio, con informe en contra del Consejo General del Poder Judicial, una ley ideológica que ataca la libertad individual, la propiedad privada, y que además, no baja los precios del alquiler, sino que va a producir que haya menos oferta y eso va contra los más vulnerables.

Desde el PP han presentado un Proyecto de Ley antiokupación para proteger al propietario, donde proponen definir y catalogar por ley al okupa que usurpa una vivienda ajena, y que los desalojos se produzcan en menos de 12 horas, que se produzca un desahucio exprés. En su propuesta, el PP establece que hay que incrementar las penas para el okupa ilegal y las mafias, pues el 80% de las viviendas okupadas se hacen por parte de mafias que trafican y se aprovechan de las personas. Además, consideran que no deben poder inscribirse en el padrón municipal, porque “en el momento que legalmente no puedan empadronarse y no tener por tanto acceso a ayudas sociales, será una manera de acorralar a los okupas y proteger a los propietarios que trabajan y ahorra y están en su derecho”, asevera Romero.

En cuanto a la protección de las familias más vulnerables, la diputada nacional manifiesta que hay que ayudarles a través de la creación de más viviendas de promoción social, así como liberalizar suelo para creación de más viviendas, y proteger a los que peor lo están pasando con las herramientas del estado de bienestar, pero en ningún caso es óbice, considera, para okupar una vivienda de forma ilegal.

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