La teniente alcalde de Servicios Sociales y Sanidad, Antonina Sánchez, ha criticado esta mañana las tasas administrativas que ha impuesto el Gobierno de Castilla-La Mancha, más de 300 de las cuales muchas de ellas afectan también al área de Servicios Sociales.
Sánchez ha hecho referencia a las tasas que afectan a los ciudadanos en el área de Servicios Sociales y que contemplan, entre otras, el pago de 30 euros por la solicitud de revisión del grado de discapacidad y de 10 euros en el caso de que exista un desplazamiento para valorar al usuario en su domicilio, además de pagar 8 euros por la emisión de la tarjeta de accesibilidad. Por otro lado el Gobierno de Castilla-La Mancha ha impuesto una tasa de 40 euros para solicitar la revisión del grado de dependencia, 35 euros por el certificado de idoneidad como cuidador no profesional o 132 euros por la elaboración de informes de idoneidad para la adopción internacional. “También hay tasas para inscribirse en el registro de asociaciones o fundaciones, asociaciones de voluntarios, para la tarjeta sanitaria e incluso para solicitar una vivienda de promoción pública, que a mí me parece algo grave porque muchas familias que solicitan la promoción pública son las que habitualmente están siendo atendidas en necesidades básicas”, explicó Sánchez.
Por su parte, la Asesora Jurídica del Centro de la Mujer, Presentación Sánchez, señaló en este sentido que para cada solicitud primero hay que pagar la tasa y luego se tramita, “pero nos encontramos con casos en los que la solicitud se inadmite y estamos reclamando esas tasas que no sabemos sin van a devolver”.
