El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los doce nuevos planes hidrológicos para el periodo 2023-2027 en las cuencas que dependen del Estado, entre ellos el del Tajo, que cumple con las distintas sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar los caudales ecológicos del río y, por tanto, supondrá un importante recorte en el trasvase al Segura.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que dicha merma en el trasvase conllevará "en el peor de los escenarios" reducir los envíos al Levante español entre 70 y 100 hectómetros cúbicos anuales, mientras que el Gobierno de España ha puesto en marcha como compensación un ambicioso programa de inversiones que, a través de la desalación, la reutilización y la eficiencia, permitirán de aquí al año 2027 "aportaciones adicionales" de 140 hectómetros cúbicos anuales "como mínimo".

 Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han calificado este día como "histórico" y trasladan una sensación de contundente victoria después de que las protestas de los regantes levantinos y de las presiones que el Ejecutivo nacional ha recibido desde regiones como Murcia, Andalucía y Valencia -pese a estar presidida por el valenciano Ximo Puig- no hayan impedido la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo.