Nazareth Rodrigo denuncia la falta de transparencia del Gobierno municipal tras recaudar más de un millón de euros anuales y vincula la retirada a la cercanía de las elecciones
La secretaria general del PSOE de Tomelloso, Nazareth Rodrigo, ha denunciado la falta de transparencia del equipo de Gobierno liderado por el alcalde Javier Navarro y VOX tras la desactivación de los radares semafóricos y de velocidad de la localidad. Los dispositivos, instalados en octubre de 2024, han dejado de funcionar tras la finalización del contrato que regulaba su actividad, una decisión que se ha tomado sin ofrecer información previa ni explicaciones públicas a la ciudadanía.
Según los datos señalados por la dirigente socialista, la medida ha generado una elevada controversia a lo largo de los últimos dos años, periodo en el que se registraron casi 4.000 multas y una recaudación por sanciones que superó el millón de euros anual en 2025 y 2026. Rodrigo ha cuestionado que un proyecto justificado inicialmente por razones de seguridad vial haya finalizado sin un balance público ni informes técnicos que avalen la retirada. «Para nuestra sorpresa, no ha habido ningún vídeo del alcalde, ninguna rueda de prensa ni ningún comunicado informando a la ciudadanía de una decisión que afecta a una iniciativa impulsada exclusivamente por su Gobierno», ha recriminado.
En este contexto, la responsable del PSOE ha reclamado que el Ayuntamiento haga público el balance económico detallado de los dos años de contrato, incluyendo las cantidades efectivamente ingresadas, los pagos abonados a la empresa adjudicataria y las inversiones en seguridad vial acometidas con dichos recursos. Rodrigo ha recordado que las condiciones contractuales fijaban para la adjudicataria una remuneración del 15 % de la recaudación, un esquema criticado por el grupo socialista al vincular los ingresos empresariales al volumen de sanciones impuestas. Asimismo, ha solicitado datos sobre las multas recurridas y el número de expedientes anulados.
Por otro lado, la dirigente socialista ha relacionado el volumen de ingresos obtenido a través de las sanciones con la falta de presupuesto alegada por el Gobierno municipal para ejecutar actuaciones locales, citando como ejemplo la aportación del 15 % necesario para la climatización de los centros educativos de la ciudad, además de deficiencias sin atender en limpieza y mantenimiento urbano.
Rodrigo ha concluido que la retirada de los radares responde a un cálculo político ante la proximidad de las elecciones municipales. A su juicio, el Ejecutivo local utilizó la seguridad vial con afán recaudatorio y ahora desactiva los dispositivos en pleno periodo preelectoral, por lo que ha exigido la comparecencia pública del alcalde para aclarar el uso que se ha dado a los fondos recaudados.
