El vicepresidente primero del Gobierno regional ha presentado en la feria PRESURA de Burgos las líneas estratégicas de la Memoria de Impacto Demográfico, que representan el 22% de los fondos propios autonómicos.
El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha recordado durante su participación en la X edición de PRESURA, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural que se celebra en Burgos, que el Proyecto de Ley de Presupuesto de Castilla-La Mancha para el año 2027 destina cerca de 2.200 millones de euros a políticas contra la despoblación. La cuantía, actualmente en tramitación parlamentaria y recogida en la Memoria de Impacto Demográfico de las cuentas regionales, representa el 22% de los fondos propios de la Comunidad Autónoma y un 3,4% del PIB regional, con el propósito de garantizar los servicios públicos y fomentar la actividad económica y el empleo.
Durante su intervención en la feria, celebrada en la antigua estación de tren convertida en la Estación de la Ciencia y la Tecnología bajo el lema ‘ConCienciaRural’, Martínez Guijarro ha compartido espacio con la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, y el escritor Miguel Martínez Tomey. En este foro, el alto cargo ha defendido las medidas impulsadas por una comunidad que cuenta con una ley pionera en la lucha contra la despoblación consensuada en las Cortes regionales. A la jornada inaugural también ha asistido el comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique.
El representante autonómico ha señalado que uno de los pilares fundamentales de la normativa es el blindaje de los servicios públicos en el medio rural para asegurar la igualdad de los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia, a lo que se añade una fiscalidad diferenciada para los habitantes de zonas catalogadas como despobladas. Asimismo, ha puesto de relieve la paradoja actual que viven numerosas zonas rurales de la región que experimentan crecimiento demográfico, lo que genera problemas de escasez de vivienda disponible, motivando la inclusión de iniciativas específicas en los programas habitacionales del Gobierno regional.
Para dar respuesta a los retos administrativos y de ordenación territorial que afrontan los pequeños ayuntamientos, el Ejecutivo autonómico trabaja en la redacción del Estatuto Básico del Pequeño Municipio. Una vez en vigor, esta norma permitirá simplificar los procedimientos de gestión urbanística con el fin de facilitar la rehabilitación de zonas en los cascos urbanos y propiciar un crecimiento ordenado en el territorio rural.
