Tras más de un año de intensa lucha vecinal y burocrática, la Plataforma Stop Biometano de Socuéllamos ha anunciado la anulación oficial del Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha para 2030. Una victoria que el colectivo atribuye directamente a la masiva presión social. En total, las plataformas vecinales de la región registraron 15.071 alegaciones, de las cuales 9.400 fueron presentadas de forma individual y directa por los vecinos de Socuéllamos.
A pesar de calificar el hecho como una «victoria histórica», desde el colectivo insisten en que la batalla no ha terminado. La caída del plan regional no frena de forma automática los proyectos que las corporaciones energéticas privadas tramitan por vía independiente. El mapa actual contempla la proyección de dos macroplantas en Socuéllamos, tres en Villarrobledo y una en Tomelloso, concentrando la gestión masiva de residuos en un radio de apenas 40 kilómetros.
«Los residuos reales y locales de nuestra zona no llegan ni al 25% de esa capacidad. Tratar el 100% significa traer de fuera el 75% restante. Nos pretenden convertir en el vertedero de otras regiones», alertaron los portavoces. Los datos técnicos aportados estiman que estas instalaciones generarían unas 910.000 toneladas anuales de digestato, un residuo pastoso y contaminante cuya acumulación equivaldría a verter cada año el contenido de 10.000 piscinas sobre los campos de cultivo y el ya vulnerable Acuífero 23.
Frente al nuevo decreto regulador que la Junta de Comunidades se encuentra tramitando, la plataforma se mantiene escéptica ante las promesas políticas que aseguran que el criterio de los ayuntamientos será vinculante. Por ello, han trasladado la presión al consistorio de Socuéllamos, exigiéndole la modificación inmediata de las normas subsidiarias urbanísticas.
La demanda vecinal exige blindar el suelo rústico aceptando sus alegaciones de seguridad: establecer una distancia mínima de 25 kilómetros respecto al núcleo urbano y fijar un techo máximo de procesamiento de 1.000 toneladas anuales por instalación. Un informe socioeconómico externo encargado por el propio Ayuntamiento ya avala que este tipo de industria es completamente incompatible con el sector agropecuario local.
La plataforma concluyó advirtiendo de que, si el futuro texto normativo autonómico o municipal deja resquicios legales que desprotejan los intereses del municipio, acudirán a la vía judicial y volverán a las calles si fuera necesario.
