Las 3.964 demandas de disolución matrimonial –es decir, demandas de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados de Castilla-La Mancha durante el año pasado suponen una disminución del 14,6 % respecto a las registradas en 2019, según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
El descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio –un total de 3.797, lo que representa un 14,5 % menos que el año anterior- como al de demandas de separación -167, una disminución del 16,9 % respecto a 2019.
Del total de demandas de divorcio presentadas en 2020, 2.171 fueron consensuadas, con un descenso interanual del 13,6 %; y 1.626 contenciosas, un 15,8 % menos que el año anterior.
En cuando a las demandas de separación, 110 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo –un 20,3 % menos que en 2019- y 57 no consensuadas, lo que supone un 9,5 menos que el año anterior.
Además, en 2020 se registraron en Castilla-La Mancha 2 demandas de nulidad matrimonial, concretamente en la provincia de Albacete.
Datos del cuarto trimestre de 2020
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado se presentaron en los juzgados de la región 1.254 demandas de disolución matrimonial, un 6,5 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019.
De ellas, 1.210 fueron demandas de divorcio: 711 de mutuo acuerdo, lo que supone un 1,9 % más que en el cuarto trimestre del año anterior; y 499 no consensuadas, con un descenso interanual del 15,7 por ciento.
Las demandas de separación registradas en el cuarto trimestre en Castilla-La Mancha fueron 44, de las que 24 eran consensuadas –lo que representa un descenso interanual del 33,3%- y las otras 20 contenciosas, un 33,3 % más que en el mismo periodo de 2019.
En el cuarto trimestre de 2020 no se presentó en la región ninguna demanda de nulidad.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del cuarto trimestre con la población a 1 de enero de 2020, se observa que en Castilla-La Mancha el número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se sitúa en 6,1.
