El colectivo de letrados advierte de un retraso crónico motivado por la falta de personal, la escasez de medios materiales y los problemas derivados de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
El Colectivo de Abogados y Procuradores de Tomelloso ha denunciado este jueves en rueda de prensa la situación crítica y de absoluta parálisis en la que se encuentra la administración de justicia en la localidad, una problemática que, según ha advertido la portavoz del colectivo, Cortes Cano, sitúa al sistema judicial en un punto cercano al colapso y genera una profunda inseguridad jurídica para los ciudadanos.
Durante la comparecencia, celebrada en una sala cedida por el Ayuntamiento y ante la presencia de diversos medios de comunicación, el sector jurídico ha puesto el foco en las graves deficiencias estructurales que arrastra el partido judicial. Entre los ejemplos más elocuentes del deterioro figura el hundimiento del techo del Registro Civil registrado meses atrás, un incidente que obligó a precintar las dependencias de la calle Pintor Francisco Carretero y a reubicar al personal en un antiguo archivo con condiciones muy precarias que continúan a fecha de hoy.
Los letrados han señalado directamente a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, implantada en 2025, cuyo funcionamiento ha calificado de ineficaz. La reorganización de los antiguos juzgados en un Tribunal de Instancia ha provocado que los procedimientos se mezclen y se repartan de forma inestable entre los funcionarios. Según ha explicado el colectivo, los constantes cambios de criterios de reparto y la falta de estabilidad en las mesas de trabajo generan que demandas e investigaciones queden paralizadas durante meses, con el consiguiente riesgo de prescripción en delitos leves o retrasos inasumibles en la ejecución de sentencias.
A esta situación se suma una alarmante escasez de personal, agravada por bajas médicas de funcionarios que no se cubren —como una mesa sin atender desde el 27 de junio— y por la incorporación de personal temporal sin experiencia previa ni formación específica. Del mismo modo, el colectivo ha denunciado graves carencias materiales y de seguridad, destacando la ausencia de calabozos en las sedes judiciales de las calles Cervera y Francisco Carretero, lo que obliga a la Guardia Civil a custodiar a los detenidos a la vista del público y genera situaciones de vulnerabilidad e ineficiencia operativa.
El bloqueo también afecta directamente a la economía de los perjudicados, con indemnizaciones por accidentes de tráfico de hasta 10.000 € o pensiones de alimentos retenidas durante meses en las cuentas de consignaciones del juzgado. Ante este panorama desolador, los representantes de los letrados han exigido un refuerzo inmediato que incluya un juez, un letrado de la administración de justicia y entre dos y tres funcionarios, además de reclamar la unificación temporal de las sedes judiciales y la reactivación del proyecto para la construcción de un nuevo edificio judicial en Tomelloso.
