Las almazaras deberán inmovilizar unas 188.000 toneladas de la producción estimada para la campaña 2026/2027 ante la previsión de una cosecha récord
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución por la que se exige a las almazaras de toda España retirar del mercado el 12% del aceite de oliva producido durante la campaña 2026/2027. La medida, aprobada por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios con entrada en vigor este viernes 6 de noviembre, supondrá la inmovilización temporal de unas 188.000 toneladas de producto, que deberán permanecer almacenadas en instalaciones propias o ajenas hasta el 30 de septiembre de 2027 para regular la oferta y evitar los precios bajos en origen.
Es la primera vez que el Ejecutivo aplica este mecanismo de retirada obligatoria, amparado en el reglamento comunitario de la Organización Común de Mercados y en la norma de comercialización publicada el pasado 30 de octubre. La activación responde a los aforos de las comunidades autónomas, que prevén una producción de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva (un 23% más que en la campaña previa y la cuarta mayor cosecha registrada). Al sumar unas existencias iniciales de enlace de 357.040 toneladas (un 23,3% más), el volumen total supera el umbral del 120% sobre la media de las seis campañas anteriores, requisito técnico fijado por la normativa para ordenar la retención.
El departamento que dirige Luis Planas busca garantizar la rentabilidad de los agricultores y aportar estabilidad a un mercado donde las cotizaciones en origen ya han comenzado a ceder. Según el sistema Poolred, los precios cayeron un 6% en el último mes, situando el aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro y el virgen en 2,8 euros, lejos de los 5 euros abonados hace un año. Por regiones, el ajuste impacta directamente en Andalucía, principal productora con 1.261.200 toneladas estimadas, y en Castilla-La Mancha, segunda comunidad con 152.555 toneladas (el 9,5% del total nacional y un 10% más que el año anterior).
Cada almazara aplicará la retirada del 12% sobre su producción mensual acumulada a partir de noviembre, con libertad para elegir la categoría del producto guardado. Para garantizar el cumplimiento de la resolución, un grupo técnico coordinado por el Ministerio y ejecutado por las autonomías articulará un plan de control con inspecciones sobre el terreno. El Ministerio ha avanzado que el porcentaje fijado podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026 según evolucione el rendimiento real en el campo.
La intervención cuenta con el respaldo de las organizaciones de productores frente al «hundimiento» de cotizaciones y el encarecimiento de costes, pero ha abierto una brecha con la industria envasadora y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que advierten de riesgos para el mercado y posibles alzas al consumidor. La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) impugnará la medida, argumentando por boca de su director, Primitivo Fernández, que «el camino» ante el exceso de oferta es «buscar nuevos mercados y salidas». A diferencia del almacenamiento privado de 2019, en el que se abonaron 26,9 millones de euros públicos por guardar casi 200.000 toneladas voluntarias, este procedimiento actual no contempla compensaciones económicas y traslada íntegramente el coste del depósito a las almazaras.
