Dicho convenio pone a disposición de este objetivo un total de 6.000 viviendas, propiedad de diferentes entidades financieras
El alcalde de Tomelloso, Carlos Cotillas, ha anunciado en rueda de prensa que en próximos días se formulará un convenio con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), en el que participan los ministerios de Fomento, de Economía y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como el Banco de España y otras entidades financieras, junto a la plataforma del Tercer Sector.
A través de este convenio se ponen a disposición unas 6.000 viviendas, propiedad de diferentes entidades financieras, para el realojo de familias que hayan sido desahuciadas.
El ayuntamiento de Tomelloso, como entidad colaboradora, se encargará de realizar los informes sociales necesarios para evaluar la necesidad o riesgo social del solicitante, para priorizar su realojo en las viviendas que las entidades financieras que participan tengan en esta ciudad.
El alcalde ha anunciado que se centrará en este asunto, mientras espera también la nueva normativa que el Gobierno de España está a punto de presentar en las Cortes Generales en materia de asistencia a las personas que no pueden pagar su hipoteca.
Asimismo el alcalde se ha felicitado por hacer posible que los recursos existentes en Tomelloso, en materia de vivienda social, puedan ser utilizados, en contra de lo que ocurría con el anterior Gobierno del Psoe que, a pesar de la insistencia de este ayuntamiento, era imposible.
Fruto de la colaboración con el actual Gobierno regional, según el alcalde, ha hecho posible que en 2012, un total de 35 familias de Tomelloso hayan podido tener una vivienda, que estaban ahí, a falta de hacerles unos arreglos y solucionar algunos problemas administrativos.
Según el concejal de Vivienda, Jesús Morales, en la actualidad no hay viviendas sociales vacantes en Tomelloso, ya que están ocupadas las 290, catalogadas de promoción pública, existentes en la localidad.
De ellas 16 son de propiedad municipal, 234 de la Junta de Comunidades y 40 pertenecen a la empresa pública Gicaman.
A lo largo de 2012, la colaboración con la Junta de Comunidades ha hecho posible el adecentamiento de todas aquellas que necesitaban arreglarse y su posterior entrega; periodo en el que ha desaparecido la ocupación ilegal de viviendas, y en el que no se ha realizado ningún desahucio de las mismas, tanto solo de tipo administrativo.
