La concejala del Grupo Municipal Popular de Tomelloso, Eloísa Perales, ha comparecido en rueda de prensa este martes en el Ayuntamiento para informar que su grupo municipal votará en el próximo pleno en contra de la propuesta del Gobierno local de seguir manteniendo la plusvalía o el impuesto del incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana del que se pretende realizar unas adaptaciones legales, pero manteniéndolo vigente, asevera Perales.
El objetivo, explica, del PP, gira en torno a la casi supresión del impuesto de plusvalía municipal hacia una exención de dicho tributo a la totalidad de personas físicas y a pequeñas y medianas empresas, cuyos negocios facturen menos de 1 millón de euros al año. El PP pretende impulsar un sistema fiscal que deje exentos a la mayoría de las transmisiones de este impuesto para garantizar la eficiencia financiera de las entidades locales. Se pretende diseñar un sistema de compensación que complemente los efectos negativos derivados de las pérdidas de recaudación para el cual se contará con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sin duda, para Eloísa Perales, hay dos maneras de entender la política económica a través de la Fiscalía, los que conciben los impuestos como única manera de conseguir ingresos y por otra, los que consideran que deben tener incidencia en la actividad económica. El 26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional dicho tributo. La sentencia considera que estas normas son inconstitucionales por establecer un método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana que determinan que siempre ha existido un aumento del valor de los terrenos durante el periodo de imposición con independencia de si ha existido dicho incremento. El Supremo, manifiesta Perales, considera que el gravamen atenta contra el principio de capacidad económica garantizado en la Constitución Española.
Tras dicha sentencia, muchos medios, continúa la popular, afirmaron que ya no existía plusvalía municipal. La sentencia del Constitucional no significa, a su juicio, una victoria, sino el comienzo de un combate que en su primer asalto han ganado los contribuyentes. Pero se trata de un impuesto de carácter potestativo, no obligatorio, por lo que cada ayuntamiento decide si acuerda la imposición de la plusvalía y regular así sus diferentes impuestos mediante ordenanza fiscal. Por esta razón, solo tiene que pagar la plusvalía aquellos ayuntamientos que así lo hayan regulado como es el caso del de Tomelloso.
Para la popular el Colegio General de Economistas en un informe llamado ‘Por un informe fiscal transparente’ considera que este tributo debería desaparecer, pues es un impuesto que grava el incremento del valor del suelo que ya tributa en el IRPF. Así, dice que se deberían bajar los impuestos para crecer más, para que el entorno fiscal de Tomelloso sea más atractivo a los inversores, pues no es normal “que los polígonos industriales estén desiertos de empresas”, porque con estos impuestos, sigue, ven reducida la renta de sus negocios y su productividad. Eloísa Perales manifiesta que el Gobierno local ha anunciado que el municipio tiene capacidad para traer inversiones, unas afirmaciones de las que el PP no tiene ninguna duda, ni que lo establezca ningún informe, pues es una tierra de vecinos valientes que han hecho de su pueblo un entorno próspero, pero para Perales el Gobierno de España debe reconocer una financiación justa a los Ayuntamientos y es lo que va a defender su partido.
Por otro lado, el Gobierno municipal, continúa, debe abordar las otras doce propuestas del grupo popular en cuanto a bonificaciones fiscales y rebaja de tributos como exenciones del impuesto de vehículos dedicados a una actividad empresarial, y otras encaminadas a hacer de Tomelloso una zona atractiva para inversores, que progresa, y que haga que los jóvenes se quieran quedar a vivir aquí, ha aseverado.
