El próximo año finaliza el contrato que el Ayuntamiento de Tomelloso mantiene con Aqualia e Izquierda Unida considera, nuevamente, que este servicio tiene que ser gestionado de manera pública.
El coordinador de la formación en Tomelloso, Ismael Casero, ha manifestado que IU apuesta siempre porque la gestión de los servicios públicos sea pública, es decir, que la lleve a cabo cada administración que corresponda.
Consideran que en servicios de agua no debe haber excepción, y por ello, desde ya empiezan a trabajar con los diferentes partidos políticos locales y la ciudadanía para llevar a cabo una campaña informativa sobre la finalización de dicho contrato y la apuesta por la gestión pública del servicio de agua. La base de la lucha, según Casero, es que sea la ciudadanía la que decida sobre cómo tiene que ser la gestión de este servicio esencial.
¿Por qué debe estar basada en una gestión pública y no privada?
Casero ha explicado que la ONU en 2010 afirmó que el agua es un derecho humano esencial y dictaminó que cada ciudadano tiene derecho a una media de 100 litros diarios de agua, tanto para consumo como para higiene, limpieza, etc.
Además considera que cuando el servicio es público se garantiza este derecho, pero si el servicio es privado y un ciudadano no puede pagar, aunque en Tomelloso no se corta el agua, sí que se me disminuido el caudal que llega a su domicilio, únicamente para cubrir necesidades básicas como es el consumo de boca.
Además, IU Tomelloso afirma que la gestión privada destruye el tejido empresarial, ya que, con una gestión pública el Ayuntamiento puede contratar empresas, generalmente, locales, que cumplan los requisitos y que lleven a cabo el servicio, como la lectura de contadores, gestión de pagos, limpieza y mantenimiento de alcantarillado, tuberías…
Asimismo, informa que hay un estudio de IU a nivel federal que arroja que las empresas privadas de gestión en el ámbito del agua casi nunca cumplen con los convenios colectivos de sus trabajadores, mientras que “cuando se gestiona públicamente sí se cumplen las condiciones laborales de los empleados”.
Casero: “Tomelloso paga más que Argamasilla, tratándose del mismo agua”
Por último, el coordinador ha informado que si la gestión es pública, el dinero que los ciudadanos pagan por el agua, en cierta medida se ve repercutido en mejoras para la ciudad, sin embargo, si la gestión es privada, ese beneficio se destina a la empresa privada.
En cuanto al recibo de agua, y teniendo en cuenta la diferente gestión pública y privada de Argamasilla de Alba y Tomelloso, respectivamente, Casero informa que el recibo que pagan los tomelloseros por el mismo agua, procedente del pantano de Peñarroya, roza el doble que lo que pagan los vecinos de Argamasilla, concretamente un 61% más.
Campaña de participación ciudadana
Por su parte, el portavoz de IU Tomelloso, Rafael Quesada, ha manifestado que las empresas privadas se mueven por un “interés puramente mercantil y no por motivos sociales o de ayuda humanitaria”, así, la Asamblea de IU Tomelloso considera que es necesario implicar a la ciudadanía en esta decisión, y que al igual que se hizo con el tema de la remodelación de la Plaza de España, y teniendo en cuenta que este asunto del agua implica a todos los domicilios de la ciudad, debería llevarse a cabo una campaña de información con la ciudadanía, donde aportaran sus ideas y decidieran cómo quieren que sea la gestión de este servicio.
¿Cómo se llevaría a cabo la municipalización del servicio de agua?
Consideran que ante la renovación del contrato con Aqualia, debería hacerse un amplio estudio que abarque distintos ámbitos, como la situación actual de las instalaciones, conocer las inversiones desde la firma del contrato anterior, analizar la vida útil de la instalación y maquinaria, así como comprobar su estado actual.
Además, poner de relieve las situaciones críticas que deberían atenderse, como el caudal de agua que en determinadas épocas no llega a las zonas más altas de los edificios. Y cuantificar la inversión en temporalización de la ejecución, sumando informes, la situación jurídica de los trabajadores, un informe económico de cuánto supondría al Ayuntamiento la gestión pública del agua, algo que, según Quesada, “es complejo pero no imposible, pues se ha hecho en otras ciudades españolas y de Castilla-La Mancha”.
Y a partir de ahí, con dichos informes, mantener una serie de encuentros con la ciudadanía y agentes sociales para debatir y recoger sugerencias y opiniones. Esta serie de actuaciones se vieron recogidas por el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 2015.
