Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que ha dado a conocer los datos facilitados ayer al Consejo de Gobierno por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes tras la firma de convenios con los ayuntamientos.
Dichos ayuntamientos asumirán los gastos derivados del uso de los centros mientras que el ejecutivo autonómico se hará cargo del coste del menú.
Según ha explicado Hernando, el objetivo de esta medida es asegurar, independientemente de que sea o no periodo lectivo, «que todos los niños y niñas de C-LM puedan comer a diario al menos una comida completa». Del total de alumnos que acudirán a estos comedores, cerca de 2.700 se encuentran en una situación económica desfavorecida.
Por otro lado, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha detallado la pésima gestión en el contrato del Hospital de Toledo firmado por el PP, a través del informe que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido al Consejo de Gobierno sobre la contratación del sector público de C-LM durante el ejercicio económico de 2015.
De dicho informe se desprende que los porcentajes medios de baja de adjudicación, es decir, la diferencia entre el presupuesto que se licita y el que finalmente se adjudica en los contratos púyblicos, con el consecuente ahorro económico para la Administración regional, ascendió en la región, por término medio, a 30,58% en contratos de obras y un 43,52% contratos en servicios, porcentaje que desciende hasta un 0,33% en el caso del contrato que se firmó con la empresa a la que se adjudicó las obras y explotación del Completo Hospitalario Universitario de Toledo.
Finalmente, Hernando ha anunciado que las personas acogidas al Plan de Pobreza Energética serán prioritarias en el Plan «Renove» de ventanas y calderas, así el Gobierno regional no solamente establecerá un nivel de renta máxima para poder optar a estas ayudas, sino que además se va a priorizar aquellas solicitudes provenientes de personas que reúnan requisitos similares a aquellas personas que han recibido alguna ayuda del Plan Contra la Pobreza Energética.
Todo «por un principio de justicia social ya que son estas familias las que más dificultades económicas pueden encontrar a la hora de renovar sus viviendas y poder vivir en un hogar con mayor eficiencia energética», ha sentenciado Hernando.
