El diputado regional Santiago Serrano reclama mayor asistencia para los ayuntamientos pequeños y critica la «incoherencia» de Page respecto al sector taurino
Santiago Serrano, diputado regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha defendido las 48 enmiendas presentadas por su grupo parlamentario durante la tramitación de la nueva Ley de Espectáculos Públicos. Esta iniciativa busca mejorar la calidad técnica de la norma, reforzar la seguridad jurídica y facilitar su aplicación por parte de las administraciones públicas, con especial atención a los ayuntamientos de la región.
El parlamentario ha explicado que las propuestas planteadas persiguen reforzar la autonomía local, la cooperación y la coordinación institucional. Serrano ha subrayado que los pequeños municipios deben contar con el apoyo necesario para aplicar la ley con plenas garantías, advirtiendo que la autonomía local «no puede consistir en dejar solos a los ayuntamientos», sino en asegurarles los medios y la asistencia requeridos para ejercer sus competencias de manera eficaz.
Entre las enmiendas del PP destaca la mejora en la definición de conceptos clave como las «fiestas ilegales». El objetivo es evitar vacíos legales en supuestos donde una actividad autorizada termine incumpliendo las condiciones básicas de seguridad. Asimismo, se propone simplificar los trámites administrativos mediante modelos orientativos y procedimientos simplificados para modificaciones que no alteren las condiciones esenciales de los espectáculos. Serrano aboga por que los cambios meramente materiales o administrativos se comuniquen previamente, evitando cargas burocráticas innecesarias para ciudadanos, empresas y organizadores.
Seguridad jurídica para el sector taurino
En el ámbito de los espectáculos taurinos, el diputado ha exigido claridad normativa para evitar incertidumbres que afecten al sector. Serrano ha advertido que, aunque el proyecto de ley autonómico no prohíbe la entrada de menores a estos festejos, es «este PSOE» y los 8 diputados de Page en el Congreso quienes pretenden modificar la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia para introducir dicha prohibición.
El diputado ha calificado esta situación como una «nueva incoherencia de Page» que añade trabas y resta seguridad jurídica a un sector que, según ha señalado, «ya tiene que hacer frente a numerosas trabas burocráticas y administrativas y que necesita seguridad jurídica y reglas claras para poder desarrollar su actividad». Finalmente, Serrano ha insistido en que las propuestas de su partido buscan un equilibrio entre la protección del interés general y la eliminación de trabas burocráticas, logrando una legislación «más clara, más garantista y más fácil de aplicar» para las entidades locales con menos recursos.
