El sindicato denuncia que la empresa a cargo de la seguridad del Museo del Ejército, Marsegur, está condenada dos veces por la Audiencia Nacional; sus vigilantes prestan servicios desarmados y han sido denunciados por intrusismo laboral.
CCOO insta al Ministerio de Defensa a rescindir de inmediato el contrato a la empresa Marsegur, contratada por la anterior legislatura de Cospedal, para vigilar el Museo del Ejército del Alcázar de Toledo pese a haber sido condenada ya dos veces por la Audiencia Nacional a instancias del Ministerio de Trabajo, que en ambas ocasiones instó y logró la anulación del convenio colectivo de esta empresa.
Marsegur tampoco tiene permiso del Ministerio de Interior para acceder a las armas del armero de la Seguridad del Alcázar. Sus vigilantes prestan servicio desarmados, incumpliendo así de forma flagrante el pliego de condiciones de la contrata. Además, la empresa está empleando como vigilantes a varias personas que carecen de la habilitación correspondiente del Ministerio del Interior, incurriendo en intrusismo laboral ya denunciado por CCOO ante la Delegación del Gobierno y ante el departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
“Asombra que el Ministerio de Defensa concediera la contrata de la vigilancia del Museo del Ejército a una empresa cuyos dos últimos convenios colectivos fueron impugnados por el Ministerio de Trabajo y anulados por la Audiencia Nacional”, señala Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios de CLM.
La última sentencia de la AN, del pasado 5 de mayo, impuso a la empresa de seguridad una sanción de 6.000 euros y la condenó a costas por mala fe y temeridad.
Pese a ello, Marsegur ha recurrido ante el Tribunal Supremo y continúa aplicando el convenio colectivo anulado por la AN a los vigilantes del Museo del Ejército, que han sufrido una considerable merma salarial y un grave deterioro del conjunto de sus condiciones laborales.
Esta empresa de seguridad pertenece a la órbita patronal de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y conocido como el ‘capo de la seguridad privada en España’.
Aprovechando la Reforma Laboral del PP, las empresas del entorno de Ramírez aplican a sus empleados convenios colectivos propios, muy por debajo en salarios y derechos de lo establecido en el convenio estatal de Seguridad Privada, lo que permite a estas empresas acudir a los concursos “tirando los precios”.
En el caso de Marsegur, la propia dirección general de Empleo del Ministerio de Trabajo impugnó su convenio colectivo y como consecuencia, la Audiencia Nacional anuló el dicho convenio.
