El Consejo de Ministros ha aprobado este 3 de noviembre de 2026 un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, dotado con un presupuesto global de 30 millones de euros. La medida ha sido presentada en Madrid por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con el fin de acelerar la percepción de fondos para los afectados y evitar las esperas de los procedimientos ordinarios de las aseguradoras.
Del total de los 30 millones de euros movilizados, 15 millones de euros se destinan a ayudas urgentes y otros 15 millones de euros corresponden a anticipos de los seguros. Estas cantidades serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, y se abonarán en un único pago tras recibirse de manera íntegra al estar exentas de tributación. En los supuestos de fallecimiento, la normativa establece una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por cada persona fallecida, cantidad que se duplica al sumarse el anticipo del seguro en la misma cuantía. Por su parte, las indemnizaciones por lesiones corporales se estructuran por niveles de gravedad, con importes que oscilan desde más de 2.404 euros para los casos de menor entidad hasta superar los 84.141 euros en los supuestos de máxima gravedad, aplicándose cifras equivalentes para el anticipo del seguro.
En materia laboral y de protección social, las bajas por incapacidad temporal derivadas del siniestro tendrán la consideración excepcional de accidente de trabajo. Esto permitirá a los trabajadores percibir la prestación económica desde el primer día de baja y con una cuantía superior equivalente al 75% de la base reguladora en lugar del 60%. Asimismo, las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como las prestaciones económicas de carácter parcial, se calcularán bajo los criterios más favorables de los accidentes laborales, un régimen que también se extenderá de forma más beneficiosa a los beneficiarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Esta protección se aplicará de oficio, sin necesidad de solicitud previa y con carácter retroactivo.
Para facilitar los trámites, el Ejecutivo ha ordenado la creación de Oficinas de Atención Integral a las víctimas a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Aquellas personas que no puedan desplazarse recibirán atención domiciliaria en cualquier punto del territorio nacional gracias al programa de asistencia del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Paralelamente, el Real Decreto-ley establece una limitación temporal de los precios máximos en los transportes alternativos al tren y en los servicios de alojamiento vinculados mientras permanezca cortada la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, fijando como tope económico el valor aplicable en un periodo anterior de referencia con el propósito de proteger a los usuarios frente a situaciones extraordinarias de mercado.
